El Pleno municipal del Ayuntamiento de Badalona ha dado luz verde definitiva un plan urbanístico que comporta la construcción de 772 nuevas viviendas en seis barrios de la ciudad. El detalle del proyecto pasa por el acuerdo al que el Ayuntamiento llegó con la propiedad de unos terrenos en la zona de Can Colomer, una masía en el barrio de Pomar de Dalt y catalogada como Bien Cultural de Interés Local desde 1984. Concretamente, el particular disponía de un derecho de construcción de 79.000 metros cuadrados para levantar viviendas unifamiliares. La entente con el gobierno municipal posibilita el traslado a otros puntos de la trama urbana de Badalona de buena parte de las más de 400 viviendas que, de no haberse logrado el acuerdo, el promotor podría haber edificado enteramente en Can Colomer, zona que el Ayuntamiento asegura pretender "proteger". Finalmente, serán 130 las viviendas unifamiliares que el propietario podrá levantar en el ámbito, junto al espacio protegido de la Serralada de Marina. "Es una operación redonda ―ha descrito el alcalde, Xavier Garcia Albiol―, que permite evitar la construcción masificada de viviendas por encima de la B-20".

El detalle del proyecto no ha variado sustancialmente desde que fue aprobado inicialmente en noviembre de 2025. El Ayuntamiento asegura que de las 772 viviendas planeadas, 449 serían libres y 323 serían pisos de protección oficial. De estos últimos, 120 serán cedidos al Ayuntamiento por el propietario. "Se trata del proyecto urbanístico que permitirá la construcción de más viviendas en nuestra ciudad", ha declarado el alcalde Albiol.

La mitad de los pisos de protección oficial serán de venta y la otra mitad estarán destinados al alquiler. Los pisos se repartirán en seis parcelas ―todas ellas, propiedad del Ayuntamiento― en los barrios de Pomar, Morera, Montigalà, Can Claris y Raval. Para Albiol, el reparto de las promociones se ha llevado a cabo buscando "espacios donde no hay actualmente una gran densidad de pisos". El alcalde valora la importancia de estas nuevas promociones de pisos atendiendo a que "serán una solución para los que tienen rentas más limitadas", pero también para "la clase media de la ciudad, que no puede acceder al mercado libre y privado pero que sí sobrepasa los topes para acceder a vivienda social".

La necesaria modificación del Plan General Metropolitano que permite el reparto de las viviendas ha tirado adelante de manera definitiva este lunes con la comodidad que resulta para Albiol disponer de una amplia mayoría absoluta en el consistorio. Han votado en contra En Comú Podem y Guanyem, ERC se ha abstenido y el PSC ha apoyado al gobierno municipal del PP. La presidenta del grupo de los Comuns, Aïda Llauradó, ha criticado que el gobierno municipal no haya adaptado la proporción de VPO que contempla el plan al 50%, como marca la normativa actual, y se haya mantenido el 41% incluido en el plan aprobado hace más de 15 años: "El proyecto tiene una veintena menos de pisos de VPO de lo que tendría con la norma actual", ha lamentado. El alcalde Albiol ha señalado posteriormente que retocar esa proporción significaría "volver a empezar una parte importante del procedimiento, y la ciudad no está para esperar con las necesidades de vivienda que tiene".

La exalcaldesa Dolors Sabater (Guanyem) ha afeado al gobierno municipal que no haya tenido en cuenta ni una de la cincuentena de alegaciones que presentaron tras la aprobación inicial, hace ahora casi un año: "Nos preocupa que desestimen sistemáticamente las alegaciones", ha declarado Sabater. Por su parte, y pese a votar a favor de la aprobación, el concejal del PSC Christian Carneado ha reclamado al gobierno de Albiol que las 120 viviendas que pasarán a ser de titularidad municipal sean dedicadas al alquiler, y no a la compra: "Hoy en día acceder a pisos de compra, aunque sean de VPO, es muy difícil, los requisitos son grandes altos y las hipotecas altas". Por el momento, el gobierno de Albiol no ha decidido en qué régimen pondrá las viviendas que recibirá.

El calendario facilitado por el Ayuntamiento de Badalona contempla que en unos cuatro meses "como máximo" el planteamiento podría estar aprobado por la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya. "A partir de ahí nos sentaremos con la propiedad, pediremos licencias, pediremos acelerar la construcción de las viviendas de las 323 viviendas de protección oficial, que esperamos sean una realidad en un futuro inmediato", ha señalado Albiol.

Suscríbete para seguir leyendo