Lo que apuntaba a un conflicto que podía arrastrarse durante meses, ha concluido en apenas 48 horas. El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) ha informado esta mañana de que ya se ha producido el desalojo de todas las fincas ocupadas entre los números 131 y 137 de la calle Circumval·lació, en la frontera con Badalona. "Todas las personas se han ido voluntariamente y nadie ha quedado en la calle. Los servicios sociales han dado una solución habitacional a los núcleos familiares que lo necesitan", ha apuntado el consistorio en un escueto comunicado en el que también ha señalado que algunos de los hasta ahora inquilinos se han ido "con familiares, amigos" o han buscado alguna otra alternativa.

Hasta ahora, en las casas residían 11 núcleos familiares que agrupaban a una cincuentena de personas. El consistorio explica que se trata de cuatro fincas de autoconstrucción de los años 60-70, de propiedad municipal y "con deficiencias de habitabilidad".

Ante las "deficiencias de las viviendas", sigue el ayuntamiento ha procedido a tapiar y asegurar los accesos, de modo que no se produzcan tampoco nuevas ocupaciones. Así, una vez el consistorio tenga la disponibilidad de la propiedad iniciará el procedimiento para proceder al derribo. El gobierno local apunta que expropió las fincas hace siete años para su inclusión en el Plan Local de Vivienda, que incluye la construcción de 168 viviendas protegidas dentro del proyecto Eix Sant Pasqual mediante convenio con el Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL) y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAHV) de Santa Coloma se hizo eco de la polémica y denunció que los servicios sociales del consistorio "no han ofrecido una alternativa con condiciones de vida dignas a las familias en esta última década" y que el estado de las viviendas se usa "como excusa para desalojar a las familias". "Ha habido diversos juicios, de los cuales todas las familias han salido absueltas, y, aun así, el ayuntamiento ha encontrado la trampa de seguir con el desalojo a través del estado de ruina de los edificios", aseveró la PAHV.

El gobierno local ha negado estos extremos y ha asegurado que los servicios sociales municipales "están trabajando desde hace un año para encontrar una solución habitacional con las familias que están en seguimiento", en el marco de las características específicas que presente cada núcleo familiar. Además, señaló que este 8 de julio finalizaba el proceso para que las familias abandonaran voluntariamente las fincas y que, si no se iban, se iniciarían los procesos administrativos y judiciales para avanzar en el desalojo. Finalmente, el ayuntamiento apunta que podrá ahorrarse estos nuevos procesos ante la marcha de las respectivas familias que ocupaban los inmuebles, algunas, incluso desde hace más de una década.

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