El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) encara un proceso para desalojar a una cincuentena de personas agrupadas en 11 núcleos familiares y poder construir 168 viviendas protegidas en el suelo en el que ahora se encuentran las casas en cuestión, ubicadas en la calle Circumval·lació del municipio. El consistorio explica que se trata de cuatro fincas de autoconstrucción de los años 60-70, de propiedad municipal y "con deficiencias de habitabilidad y servicios pinchados". Así, el ayuntamiento colomense remarca también que todas las casas se encuentran ocupadas y que ya ha abierto expedientes urbanísticos por las malas condiciones de habitabilidad de las instancias.

El gobierno local apunta que expropió las fincas hace siete años para su inclusión en el Plan Local de Vivienda, que incluye la construcción de esas 168 viviendas protegidas dentro del proyecto Eix Sant Pasqual mediante convenio con el Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL) y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). "Las fincas se encuentran ocupadas desde entonces", añaden.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAHV) de Santa Coloma se ha hecho eco de la polémica y ha denunciado que los servicios sociales del consistorio "no han ofrecido una alternativa con condiciones de vida dignas a las familias en esta última década" y que el estado de las viviendas se usa "como excusa para desalojar a las familias". "Ha habido diversos juicios, de los cuales todas las familias han salido absueltas, y, aun así, el ayuntamiento ha encontrado la trampa de seguir con el desalojo a través del estado de ruina de los edificios", sigue la PAH, que asegura que esas familias se quedarán son una vivienda si la policía ejecuta los desahucios. Además, denuncia que la policía ha ejercido presión a las familias estos últimos días para intentar que salieran de las fincas.

El gobierno local niega estos extremos y asegura que los servicios sociales municipales "están trabajando desde hace un año para encontrar una solución habitacional con las familias que están en seguimiento", en el marco de las características específicas que presente cada núcleo familiar. Así, señala que este 8 de julio ha finalizado el proceso para que las familias abandonaran voluntariamente las fincas y que, si no se van, se iniciarán los procesos administrativos y judiciales para avanzar en el desalojo. Aunque, insisten, en paralelo se mantendrá el seguimiento de los servicios sociales.

Así, fuentes municipales explican que dos núcleos familiares se han ido recientemente. "También hay núcleos en los que la mujer y los niños y niñas se han ido pero el padre se mantiene en la vivienda. Desde los servicios sociales se están ofreciendo soluciones habitacionales, especialmente en los núcleos familiares con menores", aseveran.

Por su parte, la PAH remarca que familias vulnerables no pueden cumplir con los requisitos mínimos económicos que se piden para poder optar a una de las viviendas que habrá en lugar de sus casas y que tardarán aún años en construirse. Y que, por ello, las familias "han decidido organizarse y luchar juntamente con la PAHV Gramenet para defender sus casas, exigiendo también una alternativa digna". Así, la plataforma recuerda que el pasado viernes 3 de julio se hicieron "dos acciones para presionar al ayuntamiento". La primera, una empapelada del edificio del consistorio por la mañana, donde "se consiguió finalmente sentarse a hablar". "De ahí no salieron más que largas y ambigüedades sobre una supuesta prórroga solo hasta septiembre, y ni hablar de alternativa. Por eso esa misma tarde se hizo una manifestación en el barrio de Fondo, donde se hizo visible para el resto de vecinas las injusticias que están ocurriendo en Circumval·lació", sigue la entidad. Con todo, dicen, el lunes 6 de julio, recibieron una llamada del ayuntamiendo diciendo que "no va a haber prórroga".

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