Los Servicios Territoriales del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya han sancionado solidariamente con 6.140 euros al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y a la empresa concesionaria Emiser Valles por no ofrecer la debida protección a un conserje municipal, cuyo nombre responde a las iniciales J. M. D. F., que acabó contagiado de legionela durante una revisión de instalaciones deportivas en agosto del 2024. La resolución, a la que ha accedido EL PERIÓDICO y concreta una propuesta sancionadora de la Inspecció del Treball del pasado diciembre, concluye que tanto administración como empresa "contribuyeron de forma determinante a la situación que derivó en el contagio".

El dictamen firmado por la directora de los Servicios Territoriales de Barcelona, Lídia Frías, atribuye al consistorio la responsabilidad de haber enviado al conserje a purgar y abrir instalaciones cerradas "sin conocimiento de los riesgos laborales asociados a la legionela". El hecho de "no garantizar que una operación de riesgo se realizara por personal especializado y dentro del protocolo" es el que lleva al Departament d'Empresa a concluir que el consistorio colomense cometió una "vulneración evidente" de su deber de protección, estableciendo así su "responsabilidad directa en el daño sufrido", enuncia el texto. Por su parte, la empresa Emiser recibe una penalización por "exponer al trabajador a una tarea peligrosa sin formación ni protección".

Consultadas por este diario, fuentes del Ayuntamiento de Santa Coloma confirman la sanción y aseguran que, en junio, la administración local recurrió la sanción a través de un recurso de alzada ante la Dirección General de Relaciones Laborales de la Generalitat. "El objeto es evidenciar que no ha quedado acreditado el nexo causal entre la actuación del Ayuntamiento y el contagio del trabajador del contratista", argumenta el consistorio.

La instrucción realizada por la Inspecció del Treball avaló la denuncia del trabajador, que cinco días después de realizar las tareas fue trasladado al hospital, estuvo ingresado en la UCI durante 18 días y permaneció otros 30 días hospitalizado con diagnóstico de legionelosis. Los informes médicos acreditados detallaron un diagnóstico de neumonía por legionela del que derivó "otra serie de lesiones a órganos del trabajador" que le han dejado secuelas respiratorias.

Existe un documento clave que tomó como referencia la Inspecció del Treball para justificar la responsabilidad del consistorio: un técnico municipal del área de Cultura y Deportes solicitó explícitamente por correo electrónico a la empresa concesionaria del servicio, el centro especial de empleo Emiser, que uno de sus trabajadores se encargara de la "prevención de la legionela". 

Inspecció de Treball consideró que esa petición expresa no debió producirse, ya que esa tarea específica no quedaba cubierta por el contrato entre el Ayuntamiento y la concesionaria y, sobre todo, porque la administración local tenía externalizadas las funciones de mantenimiento de las instalaciones, que incluyen el control de la legionelosis, a otras dos empresas: Tecnocontrol e Imesapi. A través de correos electrónicos anteriores, el expediente acredita que el consistorio daba esta orden "al menos desde el año 2023".

"Al ordenar o permitir que una tarea de riesgo se ejecutara fuera del protocolo establecido y sin exigir que la llevara a cabo la empresa especializada, el Ayuntamiento incumple su deber de vigilancia y control, y por tanto incurre en responsabilidad por la exposición del trabajador a un peligro conocido y regulado", resolvió la Inspecció de Treball.

Al mismo tiempo, la empresa Emiser "también es responsable porque fue quien ordenó directamente al trabajador realizar una tarea que no formaba parte de sus funciones de conserjería, sin formación previa, sin evaluación del riesgo y sin proporcionar EPIs ni instrucciones de seguridad". Aunque la petición proviniese del Ayuntamiento, prosiguió el organismo laboral, "la empresa no podía aceptar ni transmitir al trabajador una orden que excedía sus competencias y suponía un riesgo grave y específico regulado por normativa sanitaria".

Inspecció de Treball mostraba en su informe los cuadrantes de la empresa en que quedaba constancia de que el trabajador revisó un total de 272 duchas en los siete pabellones municipales durante los días 6, 9 y 14 de agosto del 2024. Con el agravante de que en varias de estas instalaciones ya se habían producido positivos por legionela meses antes del contagio. Lo ilustraban las analíticas adjuntas al dictamen: el 28 de febrero del 2024 se produjeron positivos en las duchas del campo de fútbol de Les Oliveres y el 31 de mayo otro en el pabellón La Colina. Posteriormente a los hechos también se registraron otros positivos: en octubre, en el campo de Les Oliveres; y, en noviembre, en el Pavelló Nou.

La resolución laboral describía que el trabajador realizó la operación en "instalaciones cerradas, con agua estancada, sin formación específica ni equipos de protección". El testimonio del conserje indicó que algunas instalaciones "estaban muy sucias". Algo que llevó a concluir que "todos estos indicios apuntan a que el contagio se produjo durante la ejecución de dicha tarea", determinó la Inspecció de Treball en su instrucción.

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