Hay momentos en los que un país no necesita más discursos, sino decisiones claras. Decisiones que no deberían depender de ideologías, cálculos partidarios, intereses sectoriales o intereses personales, sino de una pregunta simple: ¿esto mejora o empeora la vida de los bolivianos?

Hoy Bolivia atraviesa un crítico momento. Continúa la escasez de combustible, faltan dólares, una economía golpeada por bloqueos, inversiones frenadas y un aparato productivo que trabaja con total incertidumbre. Al mismo tiempo, muchas respuestas del Estado siguen llegando con retraso, atrapadas entre decretos, reglamentos, resoluciones y trámites.

Ahí es donde debe aparecer el sentido común.

Si falta combustible para producir y transportar, la prioridad es garantizarlo. Porque seguir manteniendo una estructura estatal ineficiente y corrupta en la importación. Porque, si importamos los combustibles que utilizamos, no se acelera una política seria de biocombustibles y producción energética nacional. No tiene lógica seguir gastando divisas escasas en algo que podemos sustituir gradualmente con producción boliviana.

Si necesitamos inversión, tampoco basta con aprobar una ley y esperar resultados. El capital llega donde existen seguridad jurídica, reglas claras, energía, caminos abiertos, acceso a divisas y estabilidad. Ningún inversionista arriesga recursos donde producir depende de si mañana habrá combustible, una carretera estará bloqueada o si la propiedad es avasallada.

También necesitamos construcción de acuerdos y el papel de la Asamblea Legislativa es fundamental. La democracia exige que las distintas fuerzas políticas construyan consensos para convertirlas en normas. Las diferencias son legítimas; lo que no puede ocurrir es que se transformen en parálisis. En hidrocarburos, minería, electricidad o inversiones corresponde debatir, corregir, acordar y aprobar. La democracia no consiste en que todos piensen igual, sino en que quienes piensan distinto sean capaces de encontrar puntos de encuentro para responder a las necesidades del país.

Los bloqueos son otro ejemplo. El derecho a la protesta debe respetarse, pero no puede convertirse en permiso para destruir producción, impedir el trabajo o cortar el abastecimiento, como pasó recientemente. Después de semanas de carreteras cerradas quedaron contratos perdidos, empresas debilitadas, empleos afectados, mercados ocupados por competidores y una ciudadanía perjudicada. Un país que quiere crecer no puede normalizar su propia paralización.

Tampoco se trata de pedir un Estado ausente. Necesitamos un Estado que funcione, haga cumplir la ley, garantice servicios, genere condiciones para producir y actúe con rapidez ante una crisis. Un Estado fuerte no es el que interviene en todo; es el que cumple bien aquello que le corresponde.

Bolivia tiene capacidad productiva, recursos naturales, empresarios, trabajadores y oportunidades. Sin embargo, demasiadas veces complicamos lo evidente: creamos trámites donde necesitamos soluciones, enfrentamos sectores que deberían complementarse y convertimos decisiones técnicas en batallas ideológicas.

El sentido común debería volver a ser una herramienta política. Preguntarnos menos de qué lado viene una propuesta y más si funciona; menos quién gana una discusión y más qué gana el país.

No necesitamos elegir entre Estado o empresa privada, producción o medioambiente, inversión o soberanía. Necesitamos equilibrio, reglas claras y decisiones responsables.

En política hay decisiones complejas. Pero otras son bastante simples: si algo funciona, fortalezcámoslo; si no funciona, cambiémoslo; si una norma estorba, corrijámosla; si el país necesita producir, dejemos producir.

Tal vez Bolivia no necesita inventar una nueva fórmula. Necesita recuperar algo mucho más básico y, al mismo tiempo, más escaso: sentido común para gobernar.