Carlos Romero es un buen amigo mío: formado, informado y con experiencia en el Estado. Hemos coincidido en algunas cosas y discrepado en otras, pública y privadamente, siempre desde la discusión racional. No compartimos ideología militante, sí respeto intelectual. Sus recientes reflexiones sobre narcotráfico merecen ser discutidas con seriedad.

Mi primera discrepancia es conceptual. La secuencia clan familiar, cártel regional y mafia internacional sirve como esquema pedagógico, pero simplifica demasiado la realidad. Las organizaciones criminales no evolucionan necesariamente por escalones. Un clan familiar puede operar transnacionalmente; una mafia internacional puede apoyarse en pequeños grupos locales; y actores pertenecientes a organizaciones distintas pueden constituir una red criminal estable.

Hace años discutíamos justamente sobre esto. Carlos sostenía que en Bolivia no existían mafias, sino operadores de mafias. Yo respondía que esa diferencia conceptual podía terminar minimizando el fenómeno. Si un operador facilita territorio, rutas, laboratorios, protección, lavado, información y conexiones internacionales, llega un momento en que distinguir entre “la mafia” y “sus operadores” explica cada vez menos o nada.

Tampoco considero que la pandemia de 2020 pueda presentarse como origen del gran salto criminal boliviano; pudo ser un acelerador mundial, pero la expansión productiva, comercial y territorial fue anterior. Ya durante la primera década de este siglo advertí sobre el exponencial aumento del consumo interno y la creación de mercados para absorber una producción creciente. Confundir aceleración con nacimiento termina borrando procesos y responsabilidades previas.

El punto central, sin embargo, es el poder. El narcotráfico no prospera solamente donde el Estado está ausente. A veces necesita exactamente lo contrario: un Estado presente, pero penetrable. Necesita carreteras, bancos, aduanas, fiscales, policías, empresas, aeropuertos, registros y decisiones políticas. Por eso prefiero hablar de una institucionalidad selectiva, territorialmente desigual y permeable antes que repetir mi categoría favorita de “Estado fallido”.

También debemos ser cuidadosos con la vieja dicotomía geográfica Oriente-Occidente. Durante décadas se construyó una representación del narcotraficante ligada al oriental ostentoso y visible. Pero visibilidad no equivale a totalidad. La economía criminal comprende producción, transformación, intermediación, protección institucional, circulación financiera y lavado. El problema es descubrir qué actores y territorios fueron visibilizados, cuáles invisibilizados y quién tenía poder para definir esa mirada.

Aquí aparece una categoría especialmente fértil: ecosistema criminal.  Nos recuerda a la  Escuela Ecológica de Chicago: estudiar no solamente individuos, sino territorios, relaciones, adaptaciones y entornos. Hoy productores, intermediarios, transportistas, empresarios, financistas, funcionarios y compradores internacionales pueden pertenecer a organizaciones distintas y, sin embargo, integrarse funcionalmente en un mismo ecosistema criminal.

Sebastián Marset es el ejemplo más pedagógico. Su fortaleza no residía solamente en controlar una organización, sino en articular actores, territorios, mercados y circuitos financieros diferentes. No necesitaba ser propietario de todo el circuito: necesitaba que los distintos circuitos funcionaran entre sí. La criminalidad transnacional contemporánea muchas veces no necesita conquistar Bolivia; necesita que Bolivia funcione dentro de su red.

Por eso la pregunta ya no debería ser si existen mafias o solamente operadores; sino, cuándo una red económica, política, territorial y criminal alcanza tal estabilidad, que esa distinción deja de tener utilidad.

El adversario real, entonces, no es solamente el sicario visible. Es la arquitectura de poder.