La situación es más común de lo que pueda parecer. Se vende la casa, cambian las llaves y los muebles, pero bajo el seto del jardín continúan durmiendo los mismos gatos que llevaban años haciéndolo allí. La nueva propiedad ha comprado una finca. Pero esa finca forma parte también de un territorio vivo donde conviven animales y plantas. Y, cuando hablamos de colonias felinas, existen además animales protegidos por una ley y gestionados por un municipio. ¿Qué ocurre cuando nuestras escrituras cambian de nombre, pero el territorio de los gatos permanece?

La situación no es excepcional. Una persona gestiona durante años a varios gatos en el jardín de su vivienda. Los animales pueden moverse entre varias fincas y, si existe una zona boscosa cercana, esta puede formar parte de sus rutas y de su área de campeo. Un día esa casa se vende. Quien llega puede encontrarse con algo que quizá nadie explicó durante la compraventa: cada tarde, a determinada hora, varios gatos atraviesan la finca esperando encontrar el lugar donde durante años han encontrado alimento y refugio.

Si la nueva propiedad no los quiere allí, aparece una frase aparentemente lógica: “Esta casa ahora es mía”. Y tiene razón. Pero adquirir la propiedad de una finca no hace desaparecer a los animales que viven en ese territorio ni las obligaciones legales existentes respecto a ellos. 

En el caso de los gatos comunitarios, además, su gestión corresponde a la Administración local y su cuidado está en manos de personas locales, entre las que podría estar la antigua propietaria de la vivienda.

La Ley 7/2023 introduce algo fundamental para entender este conflicto: un gato comunitario no es simplemente un gato sin dueño que aparece en una propiedad. Es un animal que vive en libertad, vinculado a un territorio y con un grado variable de socialización con las personas.

Los gatos organizan buena parte de su vida alrededor de espacios conocidos donde encuentran refugio, alimento, seguridad y relaciones con otros individuos. Esos espacios pueden estar junto a una vivienda, en una zona boscosa entre urbanizaciones, en los alrededores de un centro comercial o en un polígono industrial. Nuestra organización de la propiedad divide el territorio en parcelas. Los animales utilizan ese mismo territorio siguiendo otras reglas. Quizá aquí existe una reflexión que va mucho más allá de los gatos.

Cuando compramos una casa con jardín no adquirimos un espacio biológicamente vacío. Sobre el tejado, los balcones y las ventanas se posarán aves. Por la cocina circulará alguna hormiga. En las paredes tendremos arañas. Bajo tierra habrá lombrices, insectos y pequeños organismos. Según el entorno, también pueden aparecer lagartijas, jabalíes, mariposas y otras especies. Y quizá también gatos.

Convivir con biodiversidad no significa que cualquier presencia animal deba aceptarse sin gestión. Existen problemas reales de convivencia, sanidad, conservación o seguridad que pueden requerir intervención. Precisamente por eso gestionamos con esterilización, seguimiento sanitario, alimentación controlada, limpieza, vigilancia y protocolos de resolución de conflictos. El objetivo es abordar esos problemas, no limitarse a eliminar una presencia que incomoda. Entre dejar hacer y hacer desaparecer existe todo un campo profesional llamado gestión de las colonias felinas. Que las personas facilitemos algunos de esos recursos no significa que hayamos creado artificialmente la territorialidad de los gatos.

La Ley 7/2023 atribuye a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios y obliga a los municipios a desarrollar programas con protocolos para las colonias situadas en ubicaciones privadas, de manera que puedan gestionarse respetando las mismas especificaciones que en la vía pública. Que una colonia se encuentre detrás de una valla no hace desaparecer la responsabilidad municipal. Pero tampoco convierte una propiedad privada en un espacio de libre acceso.

La persona propietaria tiene derecho a utilizar su finca. Los gatos comunitarios tienen protección legal y aquel espacio es su hogar. Las personas que los cuidan necesitan formación y autorización para participar en su gestión, sin que ello implique por sí solo permiso para entrar en la propiedad. Y la Administración mantiene responsabilidades sobre su gestión.

Resolver el conflicto no consiste en negar ninguno de estos elementos, sino en construir un protocolo capaz de hacerlos compatibles. Una gestora de colonias no debería decidir unilateralmente que puede entrar en una propiedad privada porque allí viven gatos. Pero un cambio de propietario tampoco debería traducirse automáticamente en hacer desaparecer la colonia. La Ley 7/2023 prohíbe con carácter general retirar gatos comunitarios de su colonia salvo en determinados supuestos, entre los que no figura el simple cambio de propiedad de una finca. Por tanto, decir “ya no quiero gatos aquí” no basta para justificar una reubicación. Antes deben abordarse las causas y las condiciones concretas del conflicto.

Si una colonia registrada y censada se encuentra en una finca privada, el municipio debería prever cómo garantizar su gestión cuando cambien las circunstancias de esa propiedad. Eso exige protocolos, interlocutores y acuerdos claros antes de que aparezca un cartel de “Se vende”, no improvisar llamadas entre las gestoras, la nueva propiedad y el ayuntamiento cuando el conflicto ya se ha producido.

Existe además una dificultad biológica que nuestros documentos administrativos no pueden modificar. Podemos retirar un comedero, cerrar una puerta, levantar una valla, pero los animales continuarán intentando acceder a aquello que hasta ayer formaba parte de su vida.

La propia Directriz Técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales advierte de la dificultad de las reubicaciones precisamente por el carácter territorial de los gatos: si son trasladados sin un proceso adecuado, pueden intentar regresar a su territorio de origen, comprometiendo incluso su supervivencia.

Quizá durante demasiado tiempo hemos gestionado las colonias según quién tenía las llaves del lugar y aceptaba su presencia. Cuando cambia la propiedad, descubrimos que aquello que llamábamos sistema dependía en realidad de una relación personal. Una colonia bien gestionada debería poder afrontar esos cambios sin que todo su cuidado quedara en el aire.

El trabajo de la Administración consiste en buscar una solución compatible con la propiedad privada, la convivencia y la protección animal, en lugar de dar por hecho que el conflicto solo puede resolverse retirando a los gatos. Vender una vivienda cambia la propiedad de un terreno, pero no lo convierte en un territorio vacío de vida. Cambiar de hogar nosotros no obliga a los demás seres vivos a perder también el suyo.

Montse Casaoliva es consultora de colonias felinas y educadora de gatos. Se dedica de forma profesional a la formación, coordinación, capturas y recursos para gestoras felinas y Ayuntamientos.

Soy educadora en el vínculo humano-felino, especializada en el comportamiento de las gatas y los gatos, formada en Antrozoología y en la IAABC con certificación internacional. Busco el beneficio para la vida de todos los seres vivos.