El Tribunal Constitucional estudiará este miércoles una propuesta para inadmitir el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto de los nacionalizados por la conocida como Ley de Nietos. El magistrado ponente, Enrique Arnaldo, considera que se trata de un recurso "inusual y prematuro", puesto que el Tribunal Supremo todavía no ha agotado la vía judicial ordinaria.

Según la propuesta a la que ha tenido acceso Onda Cero, el recurso presentado por Ángel Gabilondo se habría interpuesto antes de tiempo, ya que el Constitucional solo puede pronunciarse sobre una posible vulneración de derechos fundamentales por parte de la justicia ordinaria cuando esta ha dictado su última resolución.

La decisión afecta a unos 163.000 españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Nietos, cuyas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) permanecen suspendidas cautelarmente, salvo en aquellos casos en los que puedan acreditar la condición de exiliados de sus familiares.

La propuesta de Enrique Arnaldo, que será debatida este miércoles por el Pleno del Constitucional, sostiene que el recurso del Defensor del Pueblo no cumple uno de los requisitos necesarios para su admisión: haber agotado previamente la vía judicial ordinaria.

El Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente determinadas altas censales al apreciar indicios de un posible crecimiento irregular del censo electoral. Sin embargo, esta decisión todavía no es definitiva, puesto que el Alto Tribunal ha abierto un plazo para que los afectados puedan presentar alegaciones.

Esto significa que el propio Supremo todavía dispone de margen para revisar o modificar las medidas adoptadas, sin necesidad de que intervenga el Tribunal Constitucional.

Además, existe un procedimiento individualizado que permite excluir de la suspensión a quienes puedan presentar la documentación que acredite la condición de exiliado político de su familiar.

Según la información adelantada por Eva Llamazares en Onda Cero, la propuesta del ponente también considera que esta vía individual tampoco se ha agotado, por lo que no estaría justificado acudir todavía al órgano de garantías.