El Pleno del Constitucional comienza este martes a debatir el recurso presentado por el Defensor del Pueblo sobre la conocida como 'ley de nietos'. Los doce magistrados de la sala deberán decidir si suspenden la decisión del Supremo de congelar el derecho a voto de miles de nacionalizados como descendientes.

Sin embargo, el informe elaborado por el servicio de letrados del Tribunal Constitucional ha propuesto la inadmisión del recurso de amparo al considerarse "prematuro" por no haberse agotado aún la vía judicial en el Tribunal Supremo.

Tal y como explica Eva Llamazares en Onda Cero, este rechazo responde a que el alto tribunal aún no ha establecido una sentencia firme, es decir, para que el Constitucional se pronuncie debe haber una resolución definitiva.

En estos momentos, existen dos vías judiciales de reclamación. Por un lado, el Supremo ha abierto de plazo hasta este jueves para que los afectados se personen y que aleguen.

Por otro, Eva Llamazares explica que existe un subgrupo dentro de los afectados que sí va a poder votar. En este caso, parte de esos 163.000 ciudadanos nacionalizados afectados realmente sí podrán votar, tal y como recoge el literal de la medida.

Todos ellos obtuvieron su inscripción en el censo, es decir, su derecho al voto como consecuencia directa de haber obtenido su nacionalidad al amparo de la ley de nietos. No obstante, algunos lo hicieron presentando los documentos que acreditan que su familiar era un exiliado, mientras que otros se beneficiaron de la instrucción del Ministerio de Justicia que ampliaba la condición de exiliado y, por tanto, recibieron la nacionalización.

Serán entonces todos aquellos que hayan obtenido este documento acreditativo quienes puedan participar en las elecciones del 29 de noviembre. Y es que esta vía individual también supone una vía previa por lo judicial.

Por todo ello, en caso de que la ponencia de Enrique Arnaldo, magistrado ponente, prospere, el Pleno del Constitucional no llegaría a estudiar la corrección del Supremo. Fuentes consultadas por Onda Cero aseguran que no hay unanimidad en el sector progresista, por lo que el recurso del Defensor del Pueblo no tendría "ningún recorrido".

La idea de Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, es adelantarse a una decisión que aún no ha sido tomada por la Corte Suprema. La petición de medidas cautelarísimas supone congelar la suspensión de voto cuando aún no se ha dirimido la cuestión.

Así lo subraya Elisa de la Nuez, Abogada del Estado, en Onda Cero, donde recalca que el recurso es "prematuro" puesto que el Supremo aún no ha dictado una sentencia sobre el fondo.

Además, destaca la existencia de las vías judiciales abiertas para reclamación que disponen los afectados. El plazo para presentar alegaciones continúa vigente hasta este jueves, por lo que, a su juicio, resulta "sorprendente" la decisión trascendente del Defensor del Pueblo cuando existen alternativas sobre la mesa para los involucrados.

Preguntada sobre la gravedad observada por el Supremo para decidir suspender el derecho a voto de miles de nacionalizados, la abogada señala la instrucción adoptada por Justicia donde se ampliaba la norma para la nacionalización de descendientes de exiliados.

Es por ello que el alto tribunal decidió paralizar los resultados, a la espera de saber qué personas pueden acreditar esa condición. "Es muy grave", afirma de la Nuez, que pone en valor la existencia de unas reglas técnico jurídicas que regulan este tipo de procesos.

La polarización del Senado es el claro indicativo de la división que existe. Este órgano ha servido como forma de bloquear el Congreso durante toda la legislatura desde la oposición, una estrategia que ahora parece haber adoptado el bloque de la izquierda.

Según la Abogada del Estado, esto supone una "utilización partidista de las instituciones", provocando que el Tribunal Constitucional se convierta en una especie de "tercera cámara".