La decisión del Tribunal Supremo de mantener suspendido el voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' que no hayan podido acreditar ser descendientes de exiliados ha dado paso ahora a un intenso debate jurídico sobre quién es afectado y quién no lo es. El partido Iustitia Europa, que presentó la primera demanda que dio origen al procedimiento, se opone a la personación de las primeras asociaciones que lo solicitaron: Cubanos por la Democracia y Ascendientes Españoles en el Mundo, porque no les considera afectados por los autos del alto tribunal.

La acusación sostiene que ambos colectivos carecen de legitimación para actuar en el procedimiento, dado que para ello deben acreditar que la eventual estimación del recurso planteado puede afectar de forma real y jurídicamente relevante a derechos o intereses legítimos propios, una conexión que, en su opinión, no ha sido acreditada por las asociaciones comparecientes, porque el objeto de la causa es un objeto perfectamente delimitado: controlar el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central y determinar el alcance de las competencias de supervisión, inspección y control sobre la Oficina del Censo Electoral y el CERA.

"La nacionalidad y la inscripción censal responden a planos jurídicos distintos. Aquí se discute el control del censo y las potestades de la Administración electoral. La mera pertenencia a una asociación vinculada a descendientes de españoles o residentes en el exterior no convierte automáticamente a esa entidad en parte legitimada dentro de un proceso contencioso-administrativo", sino puede acreditar que esta afectada directamente por la decisión que se adopte, argumenta el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo.

La acusación defiende, además, que se necesita una conexión específica entre el objeto de la asociación, el interés colectivo que dice defender y la incidencia jurídica concreta que produciría el resultado del proceso para poder alegar que está legitimado para representar ante el Supremo a los afectados por la suspensión de las inscripciones en el censo de españoles residentes en el exterior (CERA).

Por su parte, Vox, que también planteó las medidas cautelares acordadas por la Sala de lo Contencioso el pasado 10 de septiembre y ratificadas el pasado día 12, ha presentado sendos escritos ante la Junta Electoral Central y ante el Supremo, en los que insta que se requiera a los ministerios implicados, la Oficina del Censo Electoral y la propia Junta Electoral Central un plan de actuación que acompase al calendario electoral el cumplimiento de los autos que mantienen la suspensión del voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

A las primeras asociaciones personadas, sobre cuya legitimación para actuar en el procedimiento es lo que discuten ahora las acusaciones, se sumó este jueves el Centro de Descendientes de Españoles Unidos, con sede en Buenos Aires, que argumenta ante el alto tribunal que se ha producido una "clara discriminación con otros colectivos, e igualmente una singular vulneración de derechos fundamentales de quienes habían consolidado sus derechos, y se han visto privados del derecho al voto, sufragio que ni siquiera en tiempos de guerra se elimina".

El colectivo apela a la Constitución, la ley electoral y el Estatuto de ciudadanía española en el exterior para insistir en que todos los españoles poseen el derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español, por lo que consideran que la suspensión cautelar de la inscripción en el censo de españoles residentes en el exterior resulta, "además de lesiva, improcedente y contraria a los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, debiendo prevalecer el interés general que según el propio auto [del Supremo] afecta a 168.896 españoles".

Fuente: El Periódico