«Gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende». Con este mensaje, la plataforma Stop Desahucios Córdoba ha reclamado en su intervención en el pleno monográfico de la vivienda medidas urgentes para afrontar la crisis de acceso a la vivienda, frenar los desalojos sin alternativa habitacional y garantizar alquileres asequibles para las familias trabajadoras de la ciudad.

La portavoz de la plataforma, Catalina Ortega Aguilar, ha trasladado estas reivindicaciones durante su intervención pública ante los concejales municipales, en la que ha denunciado las dificultades que atraviesan numerosas familias cordobesas para llegar a fin de mes y mantener sus hogares. «La vivienda no puede ser un negocio a costa de la clase trabajadora», ha defendido.

Ortega ha advertido de que la especulación inmobiliaria está convirtiendo la vivienda en un activo de inversión, en lugar de garantizar su función social. Según ha señalado, esta situación está provocando que numerosos vecinos tengan dificultades para permanecer en sus barrios debido al incremento de los precios.

La representante de Stop Desahucios ha recordado que durante el auge inmobiliario de principios de siglo se construyó una gran cantidad de inmuebles, mientras que actualmente sigue existiendo un importante número de viviendas desocupadas. En este sentido, ha asegurado que más de 50.000 viviendas permanecen vacías en la provincia de Córdoba, una cifra aportada por la plataforma, que reclama conocer quiénes son sus propietarios y qué utilización se les está dando.

Una de las principales reivindicaciones de Stop Desahucios es que las administraciones prioricen la construcción y puesta a disposición de vivienda pública en régimen de alquiler social y asequible, frente a otras fórmulas que no garantizan que los inmuebles continúen destinados a las familias que más los necesitan. La plataforma considera insuficiente anunciar nuevas promociones de viviendas mientras existen personas pendientes de un desahucio y hogares que no pueden afrontar las mensualidades de sus alquileres. «No basta con aprobar planes y anunciar futuras promociones cuando hoy hay personas a la espera de un desahucio y familias que no pueden pagar el alquiler», ha denunciado Ortega.

Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía que adopte medidas de intervención en el mercado de la vivienda en beneficio de las familias trabajadoras, especialmente en aquellas zonas donde el incremento de los precios está dificultando el acceso a una residencia habitual. Entre las propuestas planteadas figuran la movilización de viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible, la negociación con entidades bancarias y el refuerzo de las ayudas destinadas a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

La portavoz también ha puesto el foco en el crecimiento de las viviendas turísticas en Córdoba, que, según los datos expuestos por la plataforma, superan el millar. Stop Desahucios reclama medidas para frenar la turistificación y evitar que el uso turístico de los inmuebles contribuya a reducir las posibilidades de residencia de la población local. «No olvidemos que los barrios son para vivir en ellos», ha subrayado.

La situación de las familias amenazadas por un desahucio constituye, según la plataforma, la emergencia más inmediata que deben afrontar las instituciones públicas. Por eso, Catalina Ortega ha denunciado el debilitamiento de la oficina de la vivienda y ha exigido una oficina plenamente operativa, dotada de personal suficiente, presupuesto y herramientas reales de intervención, que permita actuar antes de que se produzca un lanzamiento y ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables.

Rafael Blázquez, exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba y miembro de Stop Desahucios, durante el Pleno. / A. J. González

«No podemos aceptar que alguien pierda su casa y no encuentre respuesta de las instituciones», ha señalado la representante de la plataforma, que ha insistido en que ninguna persona debería terminar en la calle por la falta de actuación de las administraciones.

La organización reclama un plan de emergencia habitacional en Córdoba que contemple la paralización de los desahucios sin alternativa residencial, el incremento del parque público de viviendas y la ampliación del alquiler social. Asimismo, exige medidas firmes contra la especulación inmobiliaria y una mayor transparencia en los datos relacionados con las políticas públicas de vivienda.