Tras una agitada primera sesión plenaria en el Ayuntamiento de Córdoba en la que se han aprobado las ordenanzas fiscales de 2027 y la subida de las tasas de agua y basura, y que ha estado marcada por la protesta y desalojo de trabajadores municipales y jubilados exigiendo el pago de atrasos, el salón de plenos se ha preparado de nuevo para una nueva sesión extraordinaria y monográfica sobre vivienda, con tiempos acotados para los distintos grupos, que ha dado comienzo a las 18.00 horas.

Tras el turno de intervenciones de los grupos políticos, se ha aprobado la enmienda a la totalidad presentada por el PP con el voto en contra de PSOE y Hacemos Córdoba y la abstención de Vox. La enmienda aprobada sustituye a la presentada por PSOE y Hacemos que planteaba más intervención pública en el mercado de la vivienda, con un 75% de VPO en nuevos desarrollos, la reapertura de la Oficina de la Vivienda, más ayudas, límites al alquiler mediante la declaración de Córdoba como zona tensionada y mayores restricciones a los pisos turísticos.

El PP centra su alternativa en aumentar la oferta de vivienda, de suelo y de construcción protegida, reforzar las ayudas y el alquiler asequible, pero rechaza la intervención generalizada de los precios mediante la declaración de Córdoba como zona tensionada.

Así, el texto de la enmienda aprobada supone un compromiso del gobierno de José María Bellido para construir más vivienda y aumentar la de protección oficial, acelerando los desarrollos residenciales y fijando, con carácter general, en un 50% la proporción de vivienda protegida (VPO) en las nuevas promociones, con un seguimiento semestral del suelo, de las licencias y de las viviendas iniciadas y terminadas. Asimismo, plantea movilizar suelo municipal y autonómico y desbloquear la urbanización de la antigua cárcel de Fátima. Hasta ahora, lo habitual era dejar un 30% de las viviendas promovidas para VPO, aunque la nueva normativa de la Junta permite ir a más.

Por otro lado, el gobierno local, en esta propuesta aprobada en el Pleno, promete reforzar la atención a familias con problemas de vivienda mediante la coordinación de los Servicios Sociales con un protocolo de atención temprana para hogares en riesgo de perder su casa, con asesoramiento y mediación, además de mantener y reforzar las ayudas al alquiler y agilizar su tramitación y coordinarlas con las autonómicas y estatales. La enmienda incluye también la propuesta de aumentar la oferta de alquiler asequible captando voluntariamente viviendas vacías a través de Vimcorsa, ofreciendo garantías a los propietarios, e impulsar nuevas promociones de alquiler asequible mediante colaboración público-privada y el Plan Vives, con límites de renta y condiciones de acceso.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, este jueves en el pleno sobre vivienda. / A. J. González

El compromiso va más allá y señala la posibilidad de incluir una red de alojamientos con servicios de apoyo para mayores, jóvenes y personas con necesidades específicas. Además, reclama garantías y menor carga fiscal para quienes pueden pagar una vivienda pero no tienen ahorros suficientes para afrontar la entrada.

En el ámbito del casco histórico, la rehabilitación y los pisos turísticos, el PP plantea recuperar vivienda habitual en el casco histórico, rehabilitar edificios, mejorar la accesibilidad, la dotación de ascensores y ordenar las viviendas turísticas según su impacto en los barrios, reforzando, además, la inspección de la oferta irregular.

Por último, se ha alineado con la Junta de Andalucía en su negativa a declarar Córdoba en su conjunto zona tensionada y propone priorizar el aumento de la oferta asequible, rechazando solicitar la declaración de todo el municipio como zona de mercado residencial tensionado y una intervención generalizada de los alquileres. También pide un nuevo marco estatal que facilite construir, rehabilitar, financiar vivienda asequible y dé garantías a propietarios e inquilinos.