Exclusivo suscriptores

Así como Ecopetrol y Petrobras enfrentan complejas negociaciones con comunidades para avanzar en el licenciamiento ambiental de Sirius, la construcción de infraestructura eléctrica en Colombia atraviesa un momento crítico por cuenta de esa misma problemática.

Las principales empresas del país alzaron su voz para alertar que el tendido de líneas de transmisión se ha vuelto prácticamente imposible debido a bloqueos sistemáticos, exigencias económicas desmedidas y un vacío de autoridad en las regiones que, según denuncian, ha derivado en episodios de abierta "extorsión".

La advertencia del sector es contundente: sin redes para transportar la energía, la transición energética del país quedará paralizada. "Sin transmisión no hay transición", enfatizó Jorge Yepes Vélez, vicepresidente de Regulación de EPM, al recordar que la energía es el motor del crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

LEA TAMBIÉN

Foto:Ministerio de Minas y Energía

No obstante, esa premisa choca hoy con la realidad del territorio. "Las obras de transmisión se volvieron imposibles de hacer. Y la verdad es que las bloquea cualquiera como se le dé la gana", afirmó Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB).

Los empresarios coinciden en que en los últimos años se generó un empoderamiento equivocado que otorga a particulares el poder de frenar obras estratégicas de interés nacional. Domenico Mazzillo, gerente general de Delsur, advirtió que este escenario no solo impacta a las grandes transportadoras de energía, sino a todos los inversionistas que buscan construir infraestructura eléctrica en Colombia.

"Desafortunadamente, se creó un empoderamiento equivocado por malas decisiones que se tomaron en los últimos años, lo que permite que existan personas con la capacidad de parar un proyecto", señaló.

Entre tanto, el presidente del GEB sostuvo que, aunque es normal que comunidades rezagadas soliciten beneficios por el paso de proyectos, en Colombia se cruzaron todos los límites éticos y legales.

"No hay mayor cáncer que la extorsión. Y la extorsión en Colombia se salió de la madre. La gente hace lo que se le da la gana y las autoridades no responden", aseveró Ortega, quien citó casos drásticos. 

LEA TAMBIÉN

Foto:ISA Intercolombia

En La Guajira, por ejemplo, un habitante exigió el doble del valor de una servidumbre —un precio desproporcionado frente al valor del predio— solo porque sabía que de él dependía el cierre del proyecto. 

Entre tanto, en Cundinamarca, un médico en Gachancipá logró frenar una obra mediante "mentiras" que llegaron hasta la Corte Constitucional; y en Quindío, un propietario intentó sobornar a un perito para incluir el valor futuro de una clínica imaginaria en el avalúo de su lote.

A esta inestabilidad se suma la falta de reglas claras en el mercado inmobiliario rural. Carlos Mario Caro, gerente general de ISA Energía, denunció que las empresas quedan expuestas a negociaciones interminables donde los acuerdos se rompen sin consecuencia alguna.

"En unas poblaciones puede pasar que la empresa logra negociar predios a un valor y en 15 días exigen otra suma más alta. En Colombia no hay un límite, no hay una autoridad territorial que establezca el valor de los predios", explicó.

LEA TAMBIÉN

Foto:ISA Intercolombia

En un escenario donde los intereses particulares terminan imponiéndose sobre los colectivos, el vicepresidente de Regulación de EPM recordó que la Constitución prioriza el bien común. No obstante, señaló que la realidad es otra: las obras quedan frenadas por exigencias que buscan forzar la inclusión de las comunidades como socias de los proyectos.

"No entender que el interés general debe estar por encima de lo que pueda obtener una persona o una comunidad nos ha generado muchos problemas", afirmó, calificando de "macondianas" situaciones como la de un individuo que se amarró a un árbol exigiendo que la Anla negara una licencia ambiental para una línea de transmisión hacia Armenia.

Para Juan Ricardo Ortega, este panorama contrasta con la operatividad en otros países donde el GEB tiene presencia, como Perú o Brasil. En estos países existen canales para dirimir controversias sin paralizar a la sociedad.

"Nosotros hemos interpuesto demandas penales. Hay personas que creen que el poder es para abusar y no para servir, pero tienen que empezar a rendir cuentas porque si no van a hacer inviable al país", advirtió.

LEA TAMBIÉN

Foto:Ministerio de Minas y Energía

Frente a este complicado panorama, los empresarios reclaman una presencia activa y articulada de las instituciones del Estado para compartir los riesgos que hoy recaen únicamente sobre el sector privado.

"Necesitamos una corresponsabilidad del Gobierno Nacional porque cuando una empresa se gana una licitación se queda con todos los riesgos. Que nos ayuden porque nos sentimos solos", clamó Carlos Mario Caro, sugiriendo que las obras deberían avanzar simultáneamente a las negociaciones sin ser paralizadas por estudios de impacto ambiental o pretensiones económicas.

En esa misma línea, Mazzillo insistió en que el Gobierno Nacional debe diseñar una estrategia integral donde todas las entidades actúen de manera coordinada. "Cuando un inversionista privado quiere construir una línea de transmisión o una subestación, pero tiene a las entidades gubernamentales completamente aisladas, no se crea el ecosistema necesario que motive a los inversionistas", puntualizó.

Finalmente, los empresarios aclararon que no buscan evadir las consultas previas ni los trámites ambientales, pero enfatizaron la necesidad de mecanismos eficientes —como adjudicar proyectos con licencias ya aprobadas— para poder desarrollar la infraestructura eléctrica que Colombia requiere.