La situación desatada por la avalancha que sufrió la frontera de Ceuta a finales de julio ha devenido en la más seria crisis de Estado que ha sufrido el país en décadas porque ha dejado ver la debilidad institucional en la que el Gobierno ha sumido a España. De las diversas derivadas que se dan cita en este conflicto hay una que reviste características muy preocupantes y que hasta ahora nunca se había mostrado con tanta crudeza a la opinión pública. Es la relativa a la actuación de los servicios de información e inteligencia, que son el primer escalón de la defensa del Estado ante cualquier agresión interior o exterior. El enfrentamiento que mantienen por esta cuestión los ministros de Defensa e Interior es suficientemente elocuente. Si, como sostiene Fernando Grande-Marlaska, en ningún momento el Ejecutivo tuvo datos de lo que se venía encima, estaríamos ante una negligencia del CNI y de los servicios policiales de una gravedad enorme, que obligaría a una profunda y urgente redefinición de las bases de la defensa nacional. Si, por el contrario, tiene razón Margarita Robles y el Gobierno sí tuvo información, pero no activó los mecanismos necesarios para conjurar la amenaza, habría motivos más que suficientes para exigir la salida de todos los responsables, empezando por la del presidente Pedro Sánchez y sus ministros. Es de esperar que algún día se sepa todo lo ocurrido en torno a la invasión que sufrió Ceuta y la desastrosa gestión que de ella se ha hecho. Pero, por ahora, lo que los ciudadanos pueden constatar es que hay un presidente y un Gobierno que se han visto claramente superados por los acontecimientos, una ciudad que lleva ya más de un mes con su convivencia profundamente alterada y que no ve una solución próxima que la devuelva a la normalidad y un Estado que ha quedado inerme ante una acción agresiva que ha sido impulsada o consentida desde Marruecos. Por todo ello, es la seguridad nacional la que está seriamente comprometida.