La sensación de descomposición política por la que atraviesa España en este final de legislatura se ha visto incrementada en las últimas semanas por el decidido afán del Gobierno de enfrentarse a otros poderes del Estado, en especial al Judicial. En esa estrategia hay que situar las declaraciones de sus miembros más deslenguados, como Óscar Puente y Óscar López, arremetiendo contra resoluciones judiciales y magistrados concretos o las apelaciones a una acción del “Estado profundo” para acabar con Pedro Sánchez que se empiezan a filtrar desde La Moncloa. En este empeño estarían coordinados jueces conservadores del Supremo y de la Audiencia Nacional, miembros del Centro Nacional de Inteligencia, de las Fuerzas de Seguridad o responsables de grandes corporaciones empresariales. Si no fuera porque estamos hablando de la solidez y la calidad del sistema democrático español, estas ocurrencias serían para tomárselas a broma. Pero la situación es muy seria. El Ejecutivo está desbordado por acontecimientos que claramente superan su capacidad de gestión. Ceuta es un ejemplo tan claro que no merece la pena extenderse en evidencias. Y los casos de presunta corrupción que se investigan en los tribunales y que afectan al Gobierno y al PSOE no se los han inventado la Guardia Civil ni los jueces instructores que los intentan sacar adelante. El Gobierno achaca a este pretendido acoso su paralización. Pero lo cierto es que Sánchez y sus ministros ya no dan más de sí, como han demostrado las últimas comparecencias en medios del presidente, y que lo único que puede reconducir la situación son unas elecciones. Prolongar esta agonía sólo conduce a enfrentar más a los partidos y a soliviantar a la ciudadanía. La guerra contra la Justicia o las apelaciones al “Estado profundo” son tácticas desesperadas para invocar fantasmas y ganar tiempo ante un final desastroso que parece que ya está escrito.