Una justicia con filiación: un acto de fe en lugar de ofrecer pruebas

Дата публикации: 23-09-2026 04:01:47

A diferencia de la claridad con la que se desarrollan las sesiones del Congreso o del Senado —el poder legislativo—, donde resulta evidente la representación ciudadana y la actuación de sus representantes, unos más brillantes y otros más burdos, pero todos expuestos al escrutinio público, el poder judicial permanece en una zona mucho más opaca. ¿Quién controla el poder judicial cuando la judicatura está dominada por una mayoría conservadora? No debería haberse normalizado esta situación, aunque esa sea, al menos, la percepción de muchos ciudadanos.La justicia española suspende en confianza. Solo el 40% de los ciudadanos considera buena la independencia de jueces y tribunales, según la Comisión Europea, y España figura en el tercio inferior de la Unión Europea. Los europeos señalan una causa por encima de las demás: la injerencia política. En España, esa injerencia tiene nombres y siglas.Algo más de la mitad de los jueces pertenece a una asociación y, de ellos, cerca de ocho de cada diez están integrados en organizaciones de perfil conservador: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria, que no rechaza esa etiqueta; la asociación Francisco de Vitoria; y el Foro Judicial Independiente. La única de perfil progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), agrupa apenas al 8% de la carrera judicial.No parece una elección completamente neutra entre colegas. Desde 1985, el PP ha elegido a sus vocales del CGPJ entre miembros de la APM y el PSOE, entre los de JJpD. Las asociaciones han terminado funcionando, al menos en parte, como correas de transmisión de las afinidades políticas.Y también influyen en quién ocupa los puestos de poder. En 2025, nueve de los diez magistrados del Supremo propuestos por el sector conservador pertenecían a la APM. En las cúpulas de los tribunales, los jueces asociados acaparan la mayoría de los nombramientos, mientras que los no asociados, que representan casi la mitad de la carrera judicial, obtienen solo el 27%. Incluso la Comisión de Venecia ha advertido de que el peso de las asociaciones constituye un foco potencial de politización, con independencia del sistema utilizado para elegir el órgano de gobierno judicial.¿Dictan estos jueces sentencias sesgadas? Nadie lo ha medido. Que un poder del Estado cuya composición presenta un determinado sesgo asociativo no haya desarrollado mecanismos suficientes para estudiar si ese sesgo se traduce en sus decisiones resulta, como mínimo, llamativo. El principal mecanismo de corrección es el recurso, tras el que se modifican entre dos y tres de cada diez sentencias recurridas. Pero recurrir también exige tiempo, dinero y capacidad para sostener un proceso.El control interno tampoco parece suficiente. En 2017, de las 9.679 quejas ciudadanas presentadas contra jueces, solo 21 acabaron en expediente. Además, la prevaricación exige acreditar una injusticia "grosera", lo que deja un amplio espacio para que determinadas decisiones puedan ampararse en la interpretación jurídica sin que resulte sencillo establecer dónde termina esta y dónde empieza la ideología.Todo ello ocurre dentro de una maquinaria atascada: pocos jueces por habitante, 431 vacantes, hasta 750 días de espera en el Tribunal Supremo y el doble de asuntos pendientes que en 2016.Una judicatura cuya composición asociativa presenta un marcado desequilibrio, cuyo gobierno ha estado condicionado durante décadas por cuotas partidistas y cuyos mecanismos de rendición de cuentas resultan insuficientes difícilmente puede generar la confianza que se espera de ella. Muchos jueces son, sin duda, técnicamente solventes. Pero la solvencia individual no resuelve un problema institucional: un sistema que no mide adecuadamente sus posibles sesgos ni dispone de mecanismos suficientemente eficaces para detectar y corregir sus disfunciones acaba pidiendo fe allí donde debería ofrecer pruebas.________________Carlos Brage es socio de infoLibre.

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