Si para desencallar el papel de los Mossos d'Esquadra en las fronteras, Junts miró el ejemplo 'custodia compartida' de Baviera (Alemania); para el siguiente paso, el despliegue de competencias en inmigración desde el Parlament, los posconvergentes se ha fijado en Quebec (Canadá). El acuerdo alcanzado el martes por el PSOE y Junts -una vez quede aprobado por el Congreso- permitirá a los Mossos d'Esquadra ejercer funciones de seguridad en las fronteras y hacer devoluciones de extranjeros, y también habilitará a la Generalitat para conceder permisos de residencia y trabajo, puntos muy reclamados por el partido de Carles Puigdemont. En cambio, queda fuera de la nueva ley la cuestión lingüística.

Junts fía este asunto a una futura norma del Parlament, con la que ya se está empezando a trabajar, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Puigdemont ya dejó claro, durante la rueda de prensa en la que se explicó el acuerdo, que la Cámara catalana deberá "legislar" en este ámbito y ser "ambiciosa". El objetivo es claro: "Sin catalán no hay papeles", explica un alto dirigente del partido a este diario.

En el articulado de la ley para hacer efectivo el traspaso, que ya ha sido registrada en el Congreso, no se hace ninguna referencia explícita al catalán como requisito para la concesión de los permisos. Sin embargo, la cuestión sí aparece en la exposición de motivos e, indirectamente, en una de las disposiciones adicionales. El texto reconoce que el fenómeno migratorio en Catalunya tienen un impacto "para la lengua catalana" y recuerda que el Estatut de Autonomia reza que el catalán es "la lengua propia" de la comunidad. Además, en la disposición final, se añade que Gobierno y Generalitat se comprometen a "cooperar y colaborar, en el ejercicio de sus respectivas competencias, para asegurar la plena inclusión e integración de la población extranjera en Catalunya". Fuentes de Junts explican que esta última frase de la ley es el "recurso" que usarán para desplegar la delegación de competencias desde la Cámara catalana y que deberá ser la guía para la Generalitat, la gobierne quien la gobierne.

El president de Junts, Carles Puigdemont, durante la rueda de prensa del traspaso de inmigración / Junts

La hoja de ruta de Junts, aprobada el pasado mes de octubre en el congreso celebrado en Calella, ya propuso que el catalán sea un requisito para "renovar los permisos de residencia y trabajo". "Tenemos que hacer como Quebec", explica un miembro del partido, que recuerda que en esta región del Canadá los trabajadores extranjeros deben superar un examen de francés. Las mismas fuentes explican que aún no está clara la "fórmula" concreta que emplearán para lograrlo, pero subrayan que lo importante es "que quede claro que el conocimiento de la lengua catalana es imprescindible para residir en Catalunya".

"Tenemos que hacer como Quebec", explica un miembro del partido

Actualmente, el catalán ya es un criterio que la Generalitat tiene en cuenta a la hora de emitir los expedientes del arraigo social en Catalunya, según consta en el reglamento de la ley de acogida de Catalunya de 2010, informa Elisenda Colell. Los técnicos encargados de esta tarea tienen en cuenta, para hacer sus informes, si los solicitantes colaboran en entidades sociales, si han tenido hijos en el territorio o si tienen conocimientos de catalán. Este último punto se demuestra habiendo superado como mínimo un curso de 45 horas, o con un test que hacen los técnicos, que también entrevistan al interesado y a su entorno. Se trata de un proceso clave para legalizar a migrantes sin papeles, dado que para muchos es prácticamente imposible conseguir un contrato a jornada completa durante un año o acceder a la universidad, que serían otras formas de legalizar su situación en España. De hecho, el 73% de trabajadores extracomunitarios han usado los expedientes de arraigo social para regularizar su estado.

Sin embargo, para Junts la supervisión del conocimiento de catalán que se incluye en los expedientes de arraigo social no es suficiente y no se está aplicando como debería. "Hecha la ley, hecha la trampa", lamenta uno de los consultados. Por este motivo, los posconvergentes quieren que quede más blindado y que se exija a los extranjeros, que suponen el 18% de la población catalana, para conseguir los permisos de residencia.

Sin embargo, desde Junts aseguran que el Parlament no es la única vía que usarán para asegurarse que, con la delegación de competencias, el catalán sea un requisito. "Trabajamos en muchos frentes", explica otro dirigente de la formación, que indica que hay "muchos mecanismos jurídicos para hacerlo", también a nivel europeo y "municipal". Los posconvergentes se muestran convencidos de que si el catalán consigue finalmente colarse en la lista de idiomas oficiales en la Unión Europea, se abrirán "muchas posibilidades más", ya que "hay jurisprudencia del TJUE sobre la exigencia de saber un idioma para conseguir los permisos".

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Justamente, el caso de la oficialidad del catalán en la UE es otra de las carpetas pendientes entre el PSOE y Junts -y también de ERC-, desde agosto de 2023. El partido liderado por Puigdemont exige la implicación directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este asunto, mientras que los socialistas aseguran que están haciendo todo lo que pueden para avanzar en la cuestión, pero que no depende solo de ellos. Para que la propuesta salga adelante se requiere de la unanimidad de todos los países de la UE.

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