En los despachos de Roma hay certezas que sobreviven Gobierno tras Gobierno: el verano es uno de los mejores momentos para colar nuevas o controvertidas leyes o reglas mientras el país está en la playa y las redacciones bajo mínimos. El Ejecutivo de Giorgia Meloni lo sabe y esta semana, a pocos días de que el Parlamento italiano cierre por vacaciones, se ha sacado de la manga una norma que permitiría a la policía usar sistemas de inteligencia artificial para el reconocimiento facial de los ciudadanos de forma preventiva y generalizada. Acto seguido ha estallado la polémica. Es una medida que "permite lo que la Unión Europea prohíbe" y quiere convertir Italia en un "Estado policial", ha denunciado la oposición de centroizquierda.

La norma, de hecho, se ha interpretado como un nuevo guiño a las fuerzas del orden italianas —el segundo en pocos días, tras la aprobación de una medida para descongestionar las cárceles— a poco más de un año de las elecciones. Y, aunque el decreto todavía no es ley, su camino jurídico es, esta vez, más ágil que de costumbre. La razón es que se trata de un decreto legislativo: es decir, el Gobierno ya recibió mandato del Parlamento para redactarlo y, tras las consultas en las comisiones parlamentarias —una de las cuales dio su visto bueno este miércoles—, solo quedaría la aprobación del Consejo de Ministros.

Problema: no solo la oposición la tiene en la mira. También la ha censurado el Garante para la Privacidad, la agencia que se encarga de garantizar la protección de datos en Italia. Según este organismo, la norma, tal como está redactada, permitiría procesar "automáticamente" los datos biométricos —el rostro, el iris o las huellas dactilares— de "todas las personas" que acceden a un lugar o un evento, sin distinción, en el mismo instante en que la cámara graba. No haría falta que existiera todavía ningún sospechoso ni ningún delito. Algo que choca directamente con el artículo 26 de la Ley de IA de la Unión Europea, de acuerdo con el regulador.

El organismo de protección de datos de Italia advierte que la medida permitiría analizar los datos de "todas las personas", sean o no sospechosas de haber cometido un delito

El texto indica que esa vigilancia biométrica se autorizaría en "lugares o eventos en los que hay necesidades de orden y seguridad pública", como un partido de fútbol, una protesta o un concierto. El Garante ha advertido que la expresión es tan amplia que podría abarcar contextos muy heterogéneos, "con el riesgo de legitimar una recolección masiva y preventiva de datos biométricos, desproporcionada y potencialmente en contraste con la ley europea".

Según la norma impulsada por el Ejecutivo italiano, la policía podría asimismo conservar los datos por al menos siete días, en los lugares que considera sensibles. Y hay, además, otra cláusula de urgencia que también alimenta la desconfianza: las fuerzas de seguridad podrían igualmente activar el sistema por su cuenta, sin esperar al juez, y solicitar luego la autorización dentro de las 24 horas siguientes. Solo si el fiscal la denegase, los datos tendrían que borrarse de inmediato.

Imagen de recurso de una cámara de vídeovigilancia. / Servicio especial| pixinoo / Getty Images/iStockphoto

La ley europea de la IA prohíbe en gran medida que la policía utilice sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos. Sin embargo, se admiten tres excepciones concretas: para la búsqueda de víctimas de la trata de personas, la explotación sexual o el secuestro; para la prevención de una amenaza terrorista inminente; y para la identificación de sospechosos de delitos graves. Bruselas establece que las autoridades policiales deben contar con autorización judicial previa y registrar cada uso en una base de datos de la UE, pero también se abre la puerta a un proceso de urgencia para solicitar la validación del juez a posteriori.

Para más inri, el Gobierno la ha presentado como una norma que está dentro de un paquete de medidas precisamente destinadas a integrar el reglamento europeo de IA en la legislación italiana. El objetivo es, en opinión del Ejecutivo transalpino, sencillo. "Queremos dar una herramienta más a la justicia" para castigar a quienes causan destrozos, porque las penas actuales resultan "irrisorias", ha dicho Francesco Filini, diputado de Hermanos de Italia, el partido de Meloni. Los partidos de la oposición "solo saben estar en contra. Evidentemente, están a favor de que las ciudades y las fuerzas del orden sean atacadas", ha criticado, en una entrevista con el diario La Repubblica.

La ley europea de la IA solo permite tres excepciones para que la policía utilice sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real y en espacios públicos

En el bando opuesto, Filippo Sensi, del Partido Demócrata (PD), ha respondido con un argumento contrario, apuntando en particular contra el artículo 8 de la propuesta, que "prevé la identificación biométrica en tiempo real", y contra el artículo 10, al que ha llamado directamente "fichaje masivo indiscriminado". Para Sensi, "este decreto permite en Italia lo que está prohibido en Europa. Es algo que cambia la naturaleza de nuestra democracia. El ciudadano se convierte en sospechoso por definición". Una medida, resume, digna de "un Estado policial". Como el PD, también el Movimiento 5 Estrellas ha rechazado la medida.

La norma llega además después de una década en la que Italia ha visto caer su calidad democrática. Tanto que el país está considerado hoy una "democracia imperfecta", peor calificada que Estados Unidos, Israel y la mayoría de los socios de la Unión Europea, según el Democracy Index que desde 2006 elabora la Intelligence Unit del semanario británico The Economist. De ser aprobada por el Consejo de Ministros, la medida solo encontraría el obstáculo del presidente de la República, Sergio Mattarella, el encargado de ratificar toda ley y asegurar que se encuentra en sintonía con la legislación italiana y europea.

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