Las lista de espera del sistema de atención a la dependencia se han reducido casi un 6% en el tercer trimestre y un 22,7% en lo que va de año, por lo que han alcanzado su mínimo histórico. La mejora viene acompañada de un descenso en los tiempos de espera de 48 días en 2026. Aún así, todavía 134.734 personas están pendientes de la valoración de grado o a la espera de recibir una prestación o servicio pese a tener dependencia reconocida, y el tiempo medio de espera se sitúa en 293 días, más de nueve meses.

Son algunos de los datos de la séptima entrega del 'panel del SAAD', una herramienta que el Ministerio de Derechos Sociales creó en abril de 2025 para hacer un balance trimestral del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que ha sido presentada este lunes por el ministro Pablo Bustinduy. Los datos corresponden al tercer trimestre del año y, según ha destacado el ministro, la buena evolución está en consonancia con el incremento de financiación que ha supuesto la aprobación de un real decreto-ley que incrementa el nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las autonomías, por cada persona con grado reconocido.

Los importes comenzaron a transferirse a los ejecutivos autonómicos el 1 de julio y, en conjunto, van a suponer la mayor inversión de la historia: 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027. Además, la reforma de la ley de dependencia y discapacidad, que amplía la cartera de servicios y prestaciones, incorpora la obligación de que el Estado asuma el 50% de la inversión en el sistema, gobierne quien gobierne. Con estos mimbres, Bustinduy ha instado a las comunidades a reducir las listas de espera a la mitad en 2027 y a su completa desaparición en 2028. Además, les ha pedido que contraten a más trabajadores y mejoren la calidad en el empleo.

Pero el reto es de grandes dimensiones, porque a día de hoy 134.734 personas aguardan una prestación. Si bien, según ha destacado el ministro, se trata del número más bajo desde que hay registros, dado que se ha reducido en más de 56,7% personas desde 2021. La reducción se produce en un contexto de envejecimiento y de presión constante de la demanda, por lo que el esfuerzo es mayor.

Las comunidades con mayor lista de espera en relación con la población potencialmente dependiente son Murcia, seguido de Catalunya y Extremadura, mientras que los territorios que poseen una espera más baja son Castilla y León, Aragón y Galicia. No obstante, las autonomías que más han reducido su lista de espera en el último trimestre han sido Catalunya (4.973 personas menos), Asturias (2.472 personas) y Andalucía (1.125 personas). Y los territorios donde la lista de espera, lejos de reducirse, se ha incrementado, han sido País Vasco, con un aumento de 263 personas, y Castilla La-Mancha y Cantabria, con un incremento de 181 y 172 personas respectivamente.

En este contexto, el número de personas con prestación efectiva ha crecido en los últimos tres meses un 2,4%, sumando 41.573 nuevos beneficiarios. Con ello, se vuelve a alcanzar un máximo histórico en el número de personas atendidas: 1.748.901. En términos interanuales, los ciudadanos con prestación efectiva se han incrementado un 11%, con un aumento de 173.219 personas respecto a junio de 2025. El crecimiento, además, se sitúa por encima del aumento de las solicitudes, lo que indica, según Derechos Sociales, que la capacidad de atención avanza más rápido que la demanda.

Pero las administraciones todavía tienen que hacer grandes esfuerzos porque el tiempo medio de espera se sitúa en 293 días, tras caer 48 días en lo que va de año. Según Bustinduy, se trata de uno de los principales retos a los que la reforma de la ley de dependencia trata de responder, al agilizar y desburocratizar algunos procesos administrativos.

Existen, además, grandes diferencias territoriales. Las comunidades con menor tiempo de espera son Ceuta (75 días), Aragón (109 días) y Castilla y León (120). Por el contrario, las que tienen más dilatación de tiempos son Murcia (529 días), Asturias (413) y Andalucía (402).

Por otro lado, el ministro ha avanzado que el martes de la semana próxima, antes de las elecciones generales, el Consejo de Ministros dará luz verde al real decreto que regula las comidas en hospitales, residencias y escuelas infantiles. La nueva normativa fomentará una alimentación saludable, disminuyendo la oferta de procesados y frituras e incrementado los alimentos frescos.

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