El gobierno de Javier Milei sigue la línea de Estados Unidos y eleva la presión contra dos organizaciones criminales mexicanas
El gobierno del presidente Javier Milei endureció su estrategia contra el crimen organizado transnacional al declarar como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, dos grupos criminales originarios de México.
La decisión, anunciada oficialmente el 21 de octubre, incorpora a ambas organizaciones al registro argentino relacionado con terrorismo y financiamiento, en una medida que coincide con la clasificación adoptada previamente por Estados Unidos.
Argentina sigue la línea de Estados UnidosLa Oficina del Presidente informó que el Cártel de Sinaloa es considerado una organización criminal transnacional relacionada con narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otros delitos. El comunicado destacó además que el grupo “ya ha sido designado como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos”.
La medida alcanza también a La Nueva Familia Michoacana, señalada por el gobierno argentino por su participación en el tráfico internacional de drogas, la minería ilegal y su expansión regional.
De esta forma, Argentina adopta una clasificación similar a la utilizada por Estados Unidos, que en febrero de 2025 designó como organizaciones terroristas extranjeras a varios grupos criminales mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana.
¿Qué implica declarar terrorista al Cártel de Sinaloa?Argentina incorporará a estas organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Milei sostuvo que su gobierno buscará “combatir hasta las últimas consecuencias” a organizaciones que empleen violencia, extorsión y terror como herramientas criminales.
La ofensiva no se limita a México. Argentina también declaró terroristas a las guerrillas colombianas FARC-EP y ELN, además de Los Tiguerones, organización criminal de Ecuador.
La inclusión en el RePET forma parte de las herramientas argentinas para fortalecer la prevención y persecución del terrorismo y su financiamiento, particularmente frente a organizaciones que el Gobierno considera un riesgo para la seguridad nacional.