20/10/2026 Actualizado a las 17:08h.

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reitera a la Junta de Castilla y León que la situación del sector ganadero frente a los continuos ataques del lobo es insostenible y exige que asuma su responsabilidad para garantizar la convivencia y evitar que el ganadero sostenga económicamente la existencia del lobo.

Desde la organización agraria subrayan que la pretendida convivencia entre el lobo y la ganadería no puede basarse en hacer recaer todo el peso económico, personal y laboral sobre las espaldas de los ganaderos.

Para solventar esta situación, UCCL demanda una serie de medidas:

- Responsabilidad de la Administración, ya que la gestión y protección de la fauna silvestre es competencia de la Administración pública, por tanto, debe ser esta quien asuma íntegramente los costes y la compensación de los daños ocasionados por las especies protegidas.

- Indemnizaciones rápidas y justas. Para ello exigen el abono directo, ágil y actualizado de los daños materiales y del lucro cesante que causan las pérdidas de cabezas de ganado, sin trabas burocráticas ni calificaciones ambiguas que busquen denegar las ayudas.

- Agilidad en la peritación e informes. Es imprescindible que la Guardería y los servicios técnicos emitan los informes correspondientes en tiempo y forma, reflejando de manera veraz la realidad de las agresiones en el campo.

- Un control poblacional efectivo. En este sentido, piden un control real y transparente de la fauna silvestre en las zonas donde la presión sobre las explotaciones ganaderas hace inviable la continuidad de las familias rurales.

El sindicato agrario UCCL ha revindicado el caso de José Manuel Cornejo, ganadero de Molinos de Duero (Soria), quien, tras años de actividad sin incidentes graves, en tan solo un mes ha sufrido seis ataques que se han cobrado la vida de seis terneros de un total de 30 vacas en su explotación.

«Viene la Junta a ver los terneros atacados y se hacen los tontos y aquí no pasa nada, queremos tener lobos por todos los sitios y que los mantengan los ganaderos», denuncia Cornejo.

La organización denuncia que su caso pone de manifiesto el abandono institucional y la desprotección a la que se ven sometidos los profesionales del campo.

Ante esta situación, UCCL denuncia la «táctica de dilación e inacción de la administración autonómica. A pesar de los avisos y partes tramitados, los informes técnicos acumulan retrasos injustificados o son calificados como indeterminados». Una práctica que permite a la Junta de Castilla y León «lavarse las manos y eludir su responsabilidad presupuestaria en lugar de abonar los daños reales ocasionados a los ganaderos», apunta.