La carta publicada el pasado día 22 por los presidentes de nueve grandes farmacéuticas europeas plantea una preocupación legítima. Europa conserva una notable capacidad científica e industrial, pero compite con Estados Unidos y China por los laboratorios, los ensayos clínicos, el capital y el talento que  determinarán los tratamientos del futuro. La respuesta exige algo más que lamentar la pérdida de protagonismo. Hay que distinguir qué obstáculos pueden corregirse, qué inversiones aportan resultados y quién asume su coste.

Los firmantes piden acelerar los ensayos clínicos, proteger la propiedad intelectual, modernizar la evaluación de los medicamentos e incrementar los recursos destinados a los tratamientos innovadores. No son objetivos idénticos. Reducir la burocracia de un ensayo puede atraer investigación y anticipar la disponibilidad de nuevas terapias. Pagar más por un medicamento aumenta los ingresos de su fabricante, pero no garantiza que la siguiente inversión se realice en Europa. Tampoco garantiza que el tratamiento adicional aporte más salud que los servicios a los que desplaza.

La preocupación por los ensayos tiene una base empírica, aunque conviene utilizar indicadores comparables. Según la documentación europea, la participación del Espacio Económico Europeo en el inicio de ensayos comerciales cayó del 22% en 2013 al 12% en 2023. Esta evolución no significa que se haya reducido en igual proporción la actividad clínica absoluta, pero sí muestra que otras regiones han crecido con mayor rapidez. Europa necesita procedimientos predecibles, centros bien financiados, capacidad para utilizar datos sanitarios con garantías y una integración efectiva de los hospitales en redes internacionales de investigación.

También existe un problema de acceso. La comparación publicada por la industria sitúa en torno a 600 días el tiempo medio hasta la disponibilidad pública de nuevos medicamentos en los mercados europeos analizados. Esta cifra no equivale al tiempo de espera de cada paciente. Tampoco demuestra que todos los retrasos sean atribuibles a la negociación del precio. Las diferencias nacionales responden asimismo a la organización sanitaria, los procedimientos de evaluación, la evidencia disponible y las decisiones de lanzamiento de las propias compañías. Una agenda de competitividad que ignore estas diferencias corre el riesgo de confundir autorizaciones rápidas con acceso efectivo.

El nuevo contexto internacional añade dificultades. La política estadounidense de precios de nación más favorecida vincula sus objetivos de reducción de precios con referencias internacionales y, en determinados acuerdos, compromisos empresariales de inversión y fabricación. Algunos acuerdos entre empresas y el Gobierno de Estados Unidos prevén que una parte, no especificada, de los ingresos adicionales obtenidos por precios más altos en Europa revierta en Estados Unidos. Europa deja así de ser únicamente un conjunto de mercados nacionales: las decisiones de sus pagadores pueden producir efectos sobre los incentivos y las negociaciones en otros países. Esto aconseja coordinar información y anticipar respuestas, no renunciar automáticamente a la autonomía de cada sistema sanitario.

Pero la cuestión más difícil que plantea la carta es presupuestaria. Afirma que los medicamentos innovadores deben tratarse como una inversión estratégica. En muchos casos pueden serlo: han mejorado la supervivencia y la calidad de vida en numerosas enfermedades. Pero, si los recursos no aumentan, gastar más en medicamentos puede significar menos atención primaria, menos profesionales de enfermería, pruebas diagnósticas aplazadas o menos recursos para tratamientos ya disponibles. La economía de la salud llama a esto coste de oportunidad: el valor de la salud que dejamos de producir cuando financiamos una intervención en lugar de otra.

El reciente acuerdo farmacéutico entre Estados Unidos y el Reino Unido ilustra bien esta tensión. Sus compromisos sobre precios y gasto pretenden favorecer el acceso y las relaciones económicas, pero algunos economistas británicos han modelizado un posible coste sanitario importante si el gasto adicional del NHS desplaza otras prestaciones. Si un acuerdo aumenta el gasto farmacéutico, debería estimarse de forma transparente qué beneficios clínicos genera y qué otras prestaciones pueden verse desplazadas.

Incentivar más investigación no es lo mismo que conseguir que esa investigación responda a necesidades no cubiertas, produzca beneficios clínicos relevantes y se lleve a cabo en territorio europeo. Más protección comercial, por sí sola, no resuelve estas tres preguntas.

Europa dispone de instrumentos distintos para objetivos distintos. Puede financiar investigación básica y traslacional, acelerar ensayos sin rebajar exigencias científicas, favorecer la entrada de biosimilares cuando termina la exclusividad y mejorar la coordinación entre países en evaluación, negociación y compra. También puede diseñar acuerdos que vinculen  condiciones económicas favorables con compromisos  comprobables de suministro, generación de evidencia o acceso de pacientes. Si determinadas inversiones industriales generan beneficios públicos que no corresponden directamente a la asistencia sanitaria, deberían identificarse y financiarse como tales. No cargarse de forma implícita a presupuestos sanitarios ya tensionados.

La carta de los nueve presidentes ha abierto un debate necesario. Será más útil si conduce a una agenda que mida resultados, y no simplemente promesas de inversión o de mayor gasto. Europa necesita innovar y atraer conocimiento. También necesita decidir qué innovaciones financia, en qué condiciones y con qué consecuencias para la salud del conjunto de sus ciudadanos. Competitividad y eficiencia sanitaria no tienen por qué enfrentarse. Pero para hacerlas compatibles hay que distinguir sus objetivos y hacer explícitos sus costes y beneficios.

Jaume Puig-Junoy, profesor UPF-BSM, director internacional máster Health on Economics and Pharmacoeconomics y vicepresidente del comité asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Ministerio de Sanidad