Claudio Rivas, el socio del comisionista Víctor de Aldama en el caso en el que se investiga la implicación de ambos en el presunto fraude en compra-venta de hidrocarburos por la empresa Villafuel, ha solicitado declarar de forma voluntaria, y además hacerlo durante la última semana de noviembre --antes sería imposible por motivos de salud de su letrado, asegura-- lo que coincidiría con el último tramo de la campaña electoral.

El juez del caso en la Audiencia Nacional, por su parte, ha acordado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción varias diligencias que suponen profundizar en el desvío a Portugal de al menos 78,3 millones de euros derivados con esta presunta defraudación millonaria. El Ministerio público también interesa que sea emitida una nueva Orden Europea de Investigación a las autoridades judiciales de Irlanda a fin de que sea remitida la información relativa a compras de criptoactivos, si bien esta petición aún no ha sido cursada por Santiago Pedraz.

Hace aproximadamente un mes la Unidad Central Operativa (UCO) solicitó el "bloqueo inmediato" de decenas cuentas en Portugal tituladas por esta mercantil o por alguno de sus socios tras recibir nueva de información sobre nuevas mercantiles abiertas en el país vecino. En su última resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez Santiago Pedraz interesa determinada documentación sobre las empresas Armería Argali y Cacera Concejo, y comisiona a la UCO para su obtención.

Pedraz busca, en concreto, los datos suscritos entre las dos mercantiles antes citadas y la sociedad portuguesa Agarrobvio Unipessoal LDA, una empresa de consultoría ubicada en Lisboa sin aparente relación con los hidrocarburos administrada por Luis Alberto Escolano, otro empresario quien el comisionista guardaba en su agenda telefónica como "Alberto hermanito" y que utilizó como testaferro para pagar el piso de lujo que ocupó durante más de dos años en una de las torres de la plaza de España la que fuera pareja del exministro Ábalos, Jésica Rodríguez.

Declaración de Luis Alberto Escolano, testaferro de Aldama / PI STUDIO

La información disponible por el momento ha permitido identificar la salida de 765.745 euros desde la cuenta portuguesa de Agarrobvio hacia dos cuentas españolas tituladas por Armería Argali (actualmente extinguida) y Cacera Concejo S.L., inmobiliaria igualmente administrada por Escolano. Desde Agarrobvio también se detectó otra salida de 510.000 euros hacia la empresa Cacera, un desvío de dinero que posteriormente fue distribuida en cuatro movimientos.

En su último escrito, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor incide en que ser identificado diversas operativas propias de blanqueo de capitales, "asociadas al ocultamiento y a su transformación, remitiendo las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública a cuentas radicadas en terceros países, siendo uno de ellos Portugal", al que la organización investigada estaría transfiriendo parte de los fondos obtenidos del fraude de IVA.

Se trataría de distribuir el dinero varias cuentas asociadas a empresas residentes en Portugal "cuyos administradores se encontrarían bajo el control de los principales investigados", y cuya mayor parte s, serían retornados nuevamente para la adquisición de bienes por parte de los dirigentes de la organización criminal.

Por otra parte, la investigación ha detectado compras de criptoactivos, transfiriéndose fondos directamente de las mercantiles portuguesas a las plataformas Exchange, encargadas de la intermediación en operaciones con criptoactivos. Por ello se requiere pedir información a Irlanda, donde se guardan los datos sobre estas operaciones.

Fuente: El Periódico