16/10/2026 a las 20:21h.

Las organizaciones profesionales agrarias de Burgos —ASAJA, UPA, COAG, UCCL y AGU— han calificado de «inaudita e incomprensible» la resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se desestima la alegación presentada por un agricultor sancionado por la Policía Local durante la manifestación del pasado 16 de enero. La infracción, que acarrea un importe de 200 euros, fue impuesta por circular a velocidad lenta durante el recorrido oficial de la protesta.

A través de un comunicado conjunto, las cinco entidades han acusado a la alcaldesa y al equipo de Gobierno municipal de mostrar un «afán recaudatorio contra la ciudadanía, y más en concreto contra los profesionales agrarios de la provincia». Según denuncian, resulta una «vergüenza» que desde el consistorio «se haya permitido llegar hasta el final con esta sanción por el hecho de que uno de los tractores circulase a velocidad lenta por el recorrido autorizado».

Las organizaciones recuerdan que la marcha reunió a más de 500 tractores y transcurrió de manera «pacífica» y con «la máxima responsabilidad de quienes participamos el 16 de enero en la manifestación, sin producirse altercado alguno». En este sentido, señalan que el acto estaba legalmente comunicado y que la marcha a marcha lenta «fue consecuencia inevitable debido a la magnitud de dicha manifestación», por lo que el vehículo multado no entorpecía al resto del tráfico sino que «se adecuó a las circunstancias excepcionales que supone toda movilización de este tipo».

Asimismo, cuestionan la actuación policial al calificarla de «exceso de celo de los guardias municipales ese día, seguramente instados por sus superiores», apuntando a que el acta sancionadora «se limita a la presunción de veracidad de un agente que dictaminó en ese momento de forma subjetiva que la velocidad carecía de causa justificada».

Desde el sector agrario afean que Burgos se sitúe al margen de lo ocurrido en otros puntos del país: «Resulta lamentable que Burgos parezca distinta a otras capitales de la región y del país, donde apenas se produjeron incidentes sancionadores municipales cuando en todas las ciudades en esas fechas hubo actos de protesta».

El comunicado carga con dureza contra la resolución confirmada este mes de octubre, asegurando que el equipo de Gobierno no ha mostrado «ningún ánimo de reparar el daño tras la sanción inicial», al no contemplar «retirar la sanción o reducirla pasándola de grave a leve».

Por último, las OPAs sostienen que el Ayuntamiento de Burgos «se ensaña con un profesional agrario» y «amedrente a los agricultores en un momento de crisis tan grave como la que padece el campo». Concluyen recriminando a la alcaldesa «su nula sensibilidad con la problemática de los agricultores y ganaderos burgaleses» en una coyuntura marcada por «los altos costes de producción y los bajos precios» en origen.