El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha anunciado una huelga indefinida de médicos y facultativos en Andalucía a partir del próximo 13 de noviembre ante "la falta de avances" en la aplicación del acuerdo firmado con la Junta el pasado verano. Según ha comunicado este jueves la organización, la movilización comenzará con tres semanas de paros ininterrumpidos de 24 horas, hasta el 4 de diciembre, y continuará con nuevas convocatorias que la organización comunicará con antelación en función de la evolución de las negociaciones.

La convocatoria rompe la tregua autonómica alcanzada el 29 de julio, cuando el sindicato y la Consejería de Sanidad suscribieron un pacto para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los facultativos y evitar nuevas movilizaciones mientras avanzara la aplicación de las medidas acordadas.

Sin embargo, ambas partes mantienen posiciones enfrentadas sobre la situación del acuerdo. Mientras el SMA denuncia que la Consejería "se niega a concretar un calendario de aplicación de las mejoras", la Junta considera que la convocatoria de huelga carece de sentido porque existe un compromiso firmado que garantiza que cumplirá.

La Administración autonómica también ha pedido al sindicato que explique por qué convoca los paros apenas dos meses después de suscribir un acuerdo con una vigencia de cuatro años. Además, ha cuestionado la coincidencia de la movilización con la precampaña electoral y ha reclamado responsabilidad para evitar perjuicios al sistema sanitario público y a los ciudadanos andaluces.

"La huelga anunciada por el SMA es un sinsentido porque hay un acuerdo firmado el pasado 29 de julio que la Junta, por su parte, garantiza que va a cumplir", sostienen las fuentes de la Consejería de Sanidad consultas.

Asimismo, reclama al sindicato que justifique la convocatoria de una huelga indefinida apenas dos meses después de la firma de un pacto cuya vigencia se extiende durante cuatro años. En este sentido, señala también que la movilización se produce "en plena precampaña electoral", un factor que incorpora al debate sobre los motivos de la protesta.

Frente a las críticas del sindicato por la falta de concreción de los compromisos, la Junta asegura que "el diálogo sigue abierto y es continuo con el SMA", aunque también exige a la organización el cumplimiento de lo firmado. La Administración autonómica insiste en que mantiene la vía de negociación y defiende que el acuerdo constituye el marco para abordar las reivindicaciones de los facultativos.

La Consejería ha pedido, además, "responsabilidad al SMA para no causar perjuicios al sistema sanitario y a todos los andaluces" ante las consecuencias que podrían derivarse de los paros de 24 horas anunciados para noviembre y diciembre.

En su argumentación, la Junta ha contrapuesto su actuación a la del Ministerio de Sanidad. Según sostiene, mientras la ministra no se ha sentado a negociar con los médicos, el Gobierno andaluz ha alcanzado un acuerdo con el colectivo y mantiene el diálogo con sus representantes. Por ello, cuestiona que la huelga se dirija contra una Administración que, según su versión, negocia y cumple sus compromisos, y apunta a la posibilidad de que existan "otros intereses extraños" detrás de la convocatoria.

El pacto del 29 de julio se alcanzó después de meses de tensión entre los médicos y las administraciones sanitarias. El conflicto comenzó a principios de 2025 por el proyecto de reforma del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y se amplió posteriormente a las reivindicaciones laborales específicas de los facultativos andaluces.

La confrontación llevó al colectivo a convocar una semana de huelga al mes entre febrero y junio. El acuerdo autonómico permitió abrir una vía de negociación bilateral con la Consejería para abordar las condiciones laborales que dependen de las competencias de la Junta.

El documento contemplaba avances en el modelo de guardias, mejoras retributivas, medidas de conciliación, incentivos para las plazas de difícil cobertura y complementos para determinados colectivos. También incorporaba la creación de una comisión de seguimiento para evaluar periódicamente el grado de ejecución de los compromisos y permitir ajustes durante su implantación.

En el momento de la firma, el presidente del SMA, Rafael Ojeda, defendió el pacto como una oportunidad para modificar la relación entre el sindicato y la Administración andaluza, después de décadas de desencuentros. El dirigente reconoció entonces que la aplicación de las medidas supondría una inversión importante y que sería necesario negociar el calendario y el orden de implantación.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, presentó el acuerdo como una respuesta a las principales demandas de los médicos dentro de las competencias autonómicas y defendió que permitiría «atraer y fidelizar talento» para consolidar un sistema sanitario público más sólido y sostenible.

Pese al acuerdo, el SMA sostiene que "la Consejería no ha dado los pasos necesarios para convertir los compromisos en mejoras efectivas". Según denuncia la organización, "la Administración se ha negado hasta ahora a pactar un calendario que concrete las cuantías y los plazos de aplicación de las medidas".

El sindicato considera que esa planificación es imprescindible para garantizar el cumplimiento de lo firmado y advierte de que, sin ella, el pacto corre el riesgo de quedarse en una mera declaración de intenciones. La organización asegura que sus peticiones han recibido respuestas "incoherentes y dilatorias" y lamenta que todavía no exista un compromiso para incorporar alguna de las mejoras a los presupuestos autonómicos de 2027.

El SMA subraya que el acuerdo se articuló como un compromiso político que debía concretarse tras la constitución del nuevo equipo de la Consejería. Por ello, considera que el establecimiento de un calendario constituye el primer paso para iniciar su aplicación efectiva. La Junta, por su parte, defiende que el diálogo "sigue abierto" y que "cumplirá los compromisos adquiridos". La discrepancia se sitúa así en el estado de desarrollo del acuerdo y en la falta de avances concretos que, según el sindicato, permitan comprobar cuándo se harán efectivas las medidas.