Esta semana ha comenzado con la noticia de la convocatoria de elecciones generales. Había argumentos para todos los gustos sobre si el presidente Sánchez adelantaría ... la llamada a las urnas o si, por el contrario, agotaría el plazo establecido. Esta noticia ha tranquilizado a una gran parte de la sociedad porque, por fin, tras ocho años de un sanchismo insufrible, existe la posibilidad real de desalojar al inquilino de la Moncloa. A cincuenta días de que se celebren las elecciones del 29N, las encuestas vaticinan que la oposición de PP y Vox al actual gobierno —formado por socialistas, comunistas, independentistas y herederos de la banda terrorista ETA— podría alcanzar una mayoría absoluta que superaría los doscientos escaños. Esta euforia de los partidos de la oposición no deja de ser contenida y cautelosa, ya que se enfrentan a quienes, desde el poder político y mediático, no han manifestado el menor escrúpulo en retorcer las instituciones y en sobrepasar las líneas rojas que establece incluso el derecho penal. Vamos a seguir presenciando todo tipo de actuaciones antidemocráticas y delictivas por parte del Ejecutivo de Sánchez con el único objetivo de ganar, como sea, las elecciones. De inmediato han salido a la palestra pública Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal recomendando el voto presencial y pidiendo evitar el voto por correo. Esto se debe a que, según denuncian colectivos de trabajadores de Correos, la posible manipulación se podría dar únicamente sobre los datos de los votantes que se abstienen. Nada más anunciar la convocatoria electoral, se ha recurrido de nuevo a la Diputación Permanente para convalidar decretos sobre desahucios que previamente habían sido rechazados en el pleno del Congreso. Se trata de una actuación aparentemente legal, pero cargada de un descarado tufillo antidemocrático. Y es que la cuestión de la vivienda ha sido instrumentalizada por este Gobierno como un arma arrojadiza y electoral —lo que mejor sabe hacer—, después de dos mandatos sin apenas construir una sola casa.