Дата публикации: 23-09-2026 16:30:45

Los fallos en las pulseras de seguimiento a maltratadores fueron constantes durante la práctica totalidad del contrato, poniendo en riesgo a miles de mujeres. Es una de las conclusiones que el Tribunal de Cuentas consagra en el informe de fiscalización del sistema aprobado este miércoles, una iniciativa motivada por la "alarma social" que se produjo "en relación con el funcionamiento" de las pulseras. El órgano fiscalizador constata "graves deficiencias en la ejecución" del servicio que, si bien fueron finalmente corregidas, se prolongaron "durante prácticamente toda la vigencia del contrato". No se trata únicamente de fallos en el proceso de migración de datos –donde inicialmente se puso la lupa–, sino también de errores sustanciales que afectaron "a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes" y también "retrasos en las reparaciones". Son incidencias recogidas en los informes, notas y actas que documentan las reuniones de seguimiento del contrato y otras actuaciones llevadas a cabo por los agentes implicados.El informe afirma sin matices que "no fueron problemas puntuales sino reconocidos por la propia adjudicataria sin que se alcanzaran soluciones en los plazos comprometidos". Para el órgano, la concatenación de "incumplimientos contractuales pone de manifiesto que los órganos del Ministerio de Igualdad no hicieron un seguimiento del contrato adecuado", a pesar de que las propias trabajadoras del servicio "pusieron de manifiesto los problemas detectados y el consiguiente riesgo para las víctimas". Los dispositivos de seguimiento han demostrado ser una de las piezas clave en la protección de las víctimas de violencia machista, reconoce el organismo. Precisamente de su efectividad "depende la protección de la integridad física y estabilidad emocional y mental de miles de mujeres que viven en tensión bajo amenaza de agresiones y en estado permanente de angustia, ansiedad o alerta", enfatiza, por lo que el Ministerio de Igualdad "debería perseguir, en este tipo de contratos, la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes". La primera brecha la detecta el Tribunal de Cuentas en la misma preparación y adjudicación del servicio. El Ministerio de Igualdad "no utilizó la facultad potestativa" de realizar consultas "preliminares del mercado con la finalidad de preparar correctamente la licitación", lo que "hubiera constituido una buena práctica dada la complejidad técnica del servicio". La crítica, en este punto, no se ciñe únicamente al último contrato, sino que es extensiva a los anteriores: los contratos previos fueron además "objeto de tramitación urgente, lo que implica la reducción de los plazos a la mitad". Igualdad "debió actuar con antelación suficiente para tramitar el expediente mediante el procedimiento ordinario", zanja el órgano.El informe censura también que solo el último de los acuerdos contractuales incluyera un plan de transición, si bien la evaluación técnica del mismo resultó ser notablemente deficiente, lo que ya de por sí introdujo "un riesgo cierto" ante posibles incidencias. Y eso fue lo que sucedió. A principios de 2024, durante esa fase de transición entre la salida de una empresa y la entrada de otra nueva–con una duración estimada de tres meses– se produjeron "deficiencias que afectaron a la prestación del servicio", tales como el "acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes". La "falta de entendimiento" entre la empresa saliente y la nueva compañía derivó en que los problemas se prolongaran hasta diciembre, nueve meses después de haber finalizado la transición, sin que "los órganos del Ministerio de Igualdad" llevaran a cabo ninguna actuación para "coordinar o arbitrar su solución hasta el mes de octubre", coincidiendo con "un requerimiento de la Fiscalía".El informe cuenta con más de cien páginas de alegaciones formuladas tanto por el Ministerio de Igualdad actual como por la cúpula del equipo anterior. El departamento de Ana Redondo argumenta que en los últimos años se han ido consensuando mejoras respecto a las propuestas iniciales de gestión del servicio, correcciones que a su juicio han sido obviadas en el análisis. También subraya que los dispositivos que permanecieron sin migrar durante el periodo de transición fueron controlados mediante el protocolo de actuación reglado que "garantiza la protección de las víctimas", así que no existió riesgo para ellas.Sobre los fallos en los dispositivos, el ministerio destaca que un número "muy significativo de pérdidas y roturas se debe al propio perfil de los agresores" y no tanto a una supuesta mala calidad de los aparatos. Los varones que portan las pulseras hacen "un uso malintencionado de los dispositivos", concluye. El número total de brazaletes rotos e irrecuperables es de 3.288 desde el inicio del contrato.En todo caso, insiste el departamento, a través de un sistema "continuo de control y respuesta", la empresa es capaz de identificar "posibles vulnerabilidades y tiene implementadas las oportunas medidas para proteger el sistema". Un sistema que ha demostrado "ser eficaz, que salva vidas cada día y que constituye una referencia en el ámbito internacional".Fuentes del ministerio tras la publicación del informe insisten en que a día de hoy "el servicio funciona con normalidad" y se constata además un "crecimiento progresivo" en su uso. "Pese a que ninguna tecnología es perfecta, hasta la fecha ninguna mujer con este dispositivo ha sido asesinada", recalcan las mismas voces. A finales de mayo, Igualdad anunció su intención de volver a conceder el nuevo contrato –una decisión que es provisional– a las mismas empresas que estaban detrás de los fallos detectados meses atrás: Vodafone y Securitas.

Основное содержимое страницы с новостью.

VIOLENCIA MACHISTA

Ana Redondo en el Pleno del Congreso. EFE

Los fallos en las pulseras de seguimiento a maltratadores fueron constantes durante la práctica totalidad del contrato, poniendo en riesgo a miles de mujeres. Es una de las conclusiones que el Tribunal de Cuentas consagra en el informe de fiscalización del sistema aprobado este miércoles, una iniciativa motivada por la "alarma social" que se produjo "en relación con el funcionamiento" de las pulseras. 

Схожие новости