Pere Cuadrado y Yago Ruiz no se conocen de nada. Han coincidido este viernes en la grada de público del salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona. Sentados uno al lado del otro, durante algo más de media hora han representado sin querer los extremos ideológicos y sociales de la ciudad. El primero es un histórico activista vecinal de Ciutat Vella -aunque de pequeño vivió en las barracas de Montjuïc y en Can Tunis- y venía para defender la continuidad de un espacio comunitario en el Raval. El segundo es uno de los principales asesores del grupo municipal de Vox.  Tres asientos más a su derecha estaba Jordi Aragonès, el candidato a la alcaldía en nombre de Aliança Catalana. Menudo debate habrían protagonizado. Pero la dialéctica la tenían a sus pies, con la oposición tumbándole las ordenanzas fiscales al PSC, un gesto sin apenas efecto en la ciudadanía pero con gran simbolismo de cara a los ocho meses que faltan para celebrar las elecciones municipales. 

Se ha aprobado, y estaba previsto porque la semana pasada ya pasó el corte en la comisión de Economía, el incremento del recargo que pagan los cruceristas de escala, los que pasan menos de 12 horas en la capital catalana y a los que Jaume Collboni declaró la guerra el pasado mayo, cuando anunció su deseo de exprimirles al máximo. Con el apoyo de Junts y ERC, el año que viene pasará de 5 a 12 euros, con la idea de llegar a 24 en el 2030. El escalonado, y que no sea un aumento de golpe, ha servido como pretexto a BComú para votar en contra, como también lo han hecho PP y Vox por motivos muy distintos.

No ha tardado en reaccionar la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA, en sus siglas en inglés). Esta entidad asegura “compartir el deseo de avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y equilibrado”, pero considera “desproporcionado” el aumento del recargo para un colectivo que, según el estudio que encargaron a la Universitat de Girona, “solo representan, de media, al 2,5% de los visitantes diarios de Barcelona”. El gobierno del PSC respeta esa opinión, pero la única concesión prevista es el incremento año a año: 12 euros en el 2027, 16 euros en el 2028, 20 euros en el 2029 y 24 euros en el 2030, cuando se espera que la recaudación escale hasta los 23 millones de euros, siempre y cuando se mantenga la demanda actual de entradas de cruceristas fugaces.

 En paralelo, y es una de las contraprestaciones por brindar su apoyo, se ha aprobado una proposición de ERC para dotar con tres millones de euros un nuevo plan de refuerzo escolar, y otro millón para sufragar actividades extraescolares. En ambos casos, fondos destinados a las familias más vulnerables. Por parte de Junts, el voto favorable llega a cambio de más fondos para combatir el cambio climático a nivel urbanístico.

 No ha salido adelante el expediente que pretendía actualizara las ordenanzas fiscales, los impuestos que pagan los ciudadanos, los comercios y las empresas. No se ha aprobado y sobre el papel, lo que pasará, a nos ser que el gobierno de Collboni rehaga el documento para volver a debatirlo, es que se saldrá adelante el incremento del IBI a los grandes hoteles, unos 200, que el PSC se esfuerza en recordar que están, en su mayoría, en manos de grandes fondos. Tienen el impuesto al 1,17% y la idea era subir al 1,30%. 

Si los socialistas optan por prorrogar las ordenanzas del 2026, sucederá lo que ya estaba previsto para las del 2027: se mantiene la congelación generalizada de los impuestos. Lo que sí se modifica, al margen de este expediente, es lo que deben sufragar los alojados en albergues juveniles. La iniciativa ya tiene recorrido y este viernes ya se ha aprobado de manera definitiva, por la naturaleza de este tipo de turistas, que no se les aplique el aumento gradual de la tasa hasta los ocho euros prevista para el 2029, de manera que sigan abonando solo cuatro.