La Confederación Autismo España, la Federació Autisme Catalunya y la Federació Catalana d’Autisme han publicado un comunicado este miércoles en que muestran su "profunda preocupación" ante el desahucio de una familia formada por un hombre con un 87% de discapacidad, su hermana y tres menores, uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) este martes en el barrio de Cerdanyola de Mataró. Reclaman que se actúe con "máxima urgencia, coordinación y perspectiva de derechos".

Las tres organizaciones demandan una "actuación urgente y coordinada para garantizar la protección de la familia", así como garantizar una "alternativa habitacional" para ellos. "La discapacidad de un menor no puede convertirse en un factor añadido de desprotección ante una situación de emergencia residencial", añaden. Durante el desahucio, la portavoz del Sindicat de Llogateres de Mataró, Pilar Sánchez, aseguró a ACN que la familia no tenía alternativa habitacional, pese a que el Ayuntamiento de Mataró había enviado un informe al juzgado para aplazar el lanzamiento y se había intentado negociar con la propiedad, un gran tenedor, para que se le hiciera un alquiler social o bien para poder pagar la deuda acumulada en diferentes plazos.

Asimismo, las entidades firmantes del comunicado consideran "imprescindible" que, ante situaciones de pérdida de vivienda que afectan a familias con menores con autismo, "las administraciones competentes realicen una valoración individualizada de las necesidades de apoyo y del impacto que la pérdida del domicilio puede tener sobre los derechos, el bienestar y la estabilidad del menor". Advierten, además, que un desahucio y "la pérdida repentina de su entorno habitual" puede implicar para un menor con autismo "una alteración significativa de sus rutinas, apoyos, escolarización, tratamientos, relaciones familiares y red comunitaria". "La situación de una familia con un menor con autismo no puede abordarse únicamente desde una perspectiva económica, residencial o patrimonial", sigue el comunicado de las tres entidades.

Más allá de sus valoraciones, las entidades sustentan su comunicado en que en Catalunya "la normativa de protección frente a la emergencia habitacional y la exclusión residencial contempla mecanismos de valoración de la situación de vulnerabilidad y actuaciones dirigidas a garantizar una respuesta habitacional adecuada", mecanismos que "deben tener en cuenta circunstancias específicas de las personas con discapacidad y de los menores afectados". Citan a este respecto lo dispuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que "obliga" a ocuparse de "las situaciones de especial vulnerabilidad vinculadas a la discapacidad".

Alícia, madre de los menores, asegura que "no se puede quedar en la calle con un niño menor y dos personas discapacitadas", que los tres días de hostal que ofrecían los servicios sociales "no son una alternativa" y reclama que "se agilice" su caso en la mesa de emergencia municipal. El Sindicat d'Habitatge local ha explicado que la familia pagaba unos 700 euros mensuales de alquiler, mientras que los ingresos rondan los 1.000 euros. En el piso también vivían perros, de los que se hizo cargo la protectora de animales hasta que la familia encuentre un lugar donde vivir.

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