Cuatro comunidades autónomas han decidido unir fuerzas para presionar al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente y le obligue a rectificar en el proyecto que se pretende ejecutar del Corredor Cantábrico Mediterráneo entre Teruel y Sagunto. Una propuesta que fundamentalmente frustra todas las expectativas a futuro al limitar la circulación a una vía única y no de doble vía, restando capacidad a una infraestructura que es clave para todos los territorios que atraviesa desde el litoral levantino hasta la cornisa cantábrica.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, han firmado este martes en Teruel una declaración conjunta en la que "exigen el impulso adecuado al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que forma parte de la red transeuropea de transporte y supone una conexión ferroviaria a través de Teruel y Zaragoza enlazando los Puertos del Mediterráneo y del Cantábrico", un eje de alta capacidad para mercancías y pasajeros que además vertebra los territorios que atraviesa, "además de fortalecer, por su carácter transversal, las relaciones con Europa, otras comunidades limítrofes, áreas del norte, sur, este y oeste peninsular y sus puertos de referencia".

Así lo han detallado en lo que se ha llamado Declaración de Teruel, lugar escogido para la firma y estratégicamente un punto de referencia imprescindible para entender la puesta en marcha de un proyecto que lleva más de dos décadas esperando a que el Gobierno central lo ejecute. Así, las cuatro comunidades firmantes han manifestado, en primer lugar, el "rechazo unánime a cualquier planificación de infraestructuras estratégicas que tenga como objetivo perpetuar o consolidar la vía única como solución definitiva para este corredor ferroviario".

En este aspecto, los territorios entienden que esa decisión, un duro revés para sus expectativas, "supondría hipotecar su capacidad de crecimiento y limitar su potencial estratégico para el desarrollo económico, logístico y social no solo para nuestros territorios sino para la Península Ibérica, para Europa y a nivel global y un incumplimiento del Reglamento (UE) 2024/1679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024 relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2021/1153 y el Reglamento (UE) nº913/2010 y se deroga el Reglamento (UE) nº 1315/2013".

En segundo lugar han reclamado al ministerio que "el futuro de este Corredor debe orientarse hacia una infraestructura de mercancías y viajeros de alto rendimiento, fluida y plenamente interoperable de doble vía, ancho internacional, planificada, plenamente integrada en los Corredores Europeos de Transporte y ejecutada de manera urgente, más allá de las de las actuaciones de modernización, electrificación y mejora de la seguridad y la capacidad de la línea que se han ido produciendo en los últimos años".

A su vez, en el tercer apartado de esta declaración, han reivindicado que "las inversiones públicas deben responder al principio constitucional de equilibrio territorial, igualdad de oportunidades y garantizar que ningún territorio quede relegado por decisiones de carácter coyuntural o por planteamientos que renuncien al desarrollo futuro".

También han puesto de manifiesto, en cuarto lugar, "la voluntad de seguir trabajando desde la unidad, el diálogo institucional y la lealtad entre administraciones para reclamar no sólo que sea una prioridad en la agenda política, sino que se ejecuten las inversiones necesarias que permitan convertir este Corredor en una infraestructura competitiva y sostenible motor del desarrollo industrial, logístico, portuario, turístico y agroalimentario de los territorios que atraviesa, así como para el conjunto de España y de la Unión Europea".

En el quinto apartado de esta declaración conjunta, las comunidades recalcan "que la Declaración de Teruel simboliza la unión de cuatro comunidades Autónomas que se niegan a conformarse con soluciones de mínimos". "Representa el compromiso de toda una sociedad con un modelo de desarrollo basado en la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y la defensa del interés general", han añadido en el texto firmado en Teruel.

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Y por último subrayan "el respaldo alcanzado mediante esta alegación colectiva", que a su juicio "constituye un compromiso que obliga moral y políticamente a la Administración General el Estado, con independencia de su adscripción política, a defender una posición común en favor de un Corredor con capacidad suficiente para las próximas décadas". "Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de unas infraestructuras ferroviarias dignas, seguras y capaces de responder a las necesidades del siglo XXI. Esta Declaración de Teruel nace con la voluntad de trasladar al Gobierno de España un mensaje firme, unitario y constructivo: el futuro ferroviario de nuestros territorios debe construirse con ambición, visión de largo plazo y compromiso con el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades", han zanjado en su declaración conjunta.

Fuente: El Periódico de Aragón