Ha transcurrido un año desde que el Gobierno de Pedro Sánchez presentara ante el Congreso de los Diputados el denominado 'Proyecto de Ley Orgánica para la Transposición de la Directiva 2024/ 1226 relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión Europea'. El instrumento legal que debe permitir a fuerzas de seguridad y jueces perseguir e imputar a agentes de influencia del Kremlin y empresas, instituciones e individuos de cualquier nacionalidad que transgredan en territorio español los sucesivos paquetes de sanciones acordados por los 27 desde el inicio de la invasión de Ucrania languidece desde entonces en el órgano legislativo, prorrogando de forma automática la Mesa de la Cámara el plazo legal de 15 días para la presentación de enmiendas. En opinión de expertos en injerencias y desinformación del Kremlin, el reciente incremento de los ataques y agresiones híbridas con origen en la Federación Rusa hace más necesario que nunca contar con dicho texto legal.

En su redacción actual, el anteproyecto consta de un único artículo por el que se modifica el apartado 1 del artículo 127 bis del Código Penal para añadir una nueva categoría: "delitos por vulneración de las medidas restrictivas de la Unión Europea". También se modifica el apartado 1 del artículo 301 del Código Penal para imponer pena "en su mitad superior" al delito de recaptación y blanqueo de capitales cuando estos sean producto del incumplimiento de sanciones comunitarias. Por último, tras el Título XXIII referente a los delitos "de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional", se propone la introducción de un Título XXIII bis sobre acciones ilegales "relativas a la política exterior y de seguridad común de la UE", donde se detallan los delitos y se especifican los castigos a aplicar.

En concreto, se establece una pena de dos a seis años de prisión y una multa de entre una y seis veces el valor de los fondos o bienes involucrados en operaciones que vulneren las "medidas restrictivas" de la UE, siempre y cuando estos superen los 100.000 euros, y penas inferiores en grado cuando se sitúen entre 10.000 y 100.000 euros. Como conductas delictivas, se incluyen la puesta a disposición de una persona o entidad sancionada de recursos económicos, la no inmovilización de recursos económicos de personas o entidades sujetos a medidas restrictivas de la UE, todo comercio o prestación de servicios incluida en una medida restrictiva de la Unión, o actividades similares que en las que se recurra a terceras personas, entidades o países.

Se trata de un retraso que coloca a España en el furgón de cola respecto a la aplicación de las sanciones comunitarias, ya que tipificar en el Código Penal como delito la violación de las sanciones europeas es trámite de obligado cumplimiento que ha motivado ya amonestaciones y que podría incluso provocar en el futuro sanciones pecuniarias contra España si no se materializa. De hecho, según el portal Lucipinio, el pasado junio la Comisión Europea emitió un ultimátum a España, Austria y Francia, concediéndoles un plazo de dos meses para que culminen de una vez con el trámite legal, advirtiendo de la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) reclamando la imposición de multas. Los primeros países en cerrar satisfactoriamente el proceso fueron Suecia y los Países Bajos, y las fórmulas legales empleadas por cada uno de los estados miembros ha sido variopinta: Chipre aprobó una ley espejo específica, mientras que Croacia, Hungría o Chequia introdujeron enmiendas técnicas en sus códigos penales respectivos.

Aleksándr Chepurnoy, en Alicante, en una imagen de 2018. / Información

En declaraciones a EL PERIÓDICO, fuentes parlamentarias han atribuido el origen del bloqueo a la actual fragmentación parlamentaria, las difíciles relaciones entre los dos partidos mayoritarios, y la escasa prioridad que están concediendo en estos momentos las diferentes fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados a esta cuestión. Dichas fuentes han dado a entender que los trámites recibirían un impulso importante si representantes de partidos políticos como el PP y Junts per Catalunya, favorables en principio a la transposición de la directiva, garantizaran que no iban a presentar enmiendas a la totalidad del proyecto de ley. Para sacar adelante la iniciativa, el Ejecutivo de Sánchez requiere del respaldo de fuerzas políticas ajenas a la actual coalición gubernamental: partidos como EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida, pero en particular Podemos, se han mostrado contrarios a la imposición de sanciones al régimen de Vladímir Putin, votando incluso en ocasiones en contra de ellas en el Europarlamento.

El vacío legal provocado por la no transposición de la directiva comunitaria sobre sanciones a Rusia está dificultando la acción de activistas y opositores que siguen el rastro de las actividades de los agentes rusos en España. Una reciente investigación periodística internacional en la que participó EL PERIÓDICO demostró que la Casa de Rusia de Alicante, en principio una institución cultural dirigida por Aleksándr Chepurnoy, había recibido fondos de una entidad estatal rusa sancionada por la UE mucho después de su inclusión en la lista negra. La Asociación los Rusos Libres, la principal organización opositora en España del país de Putin, denunció el caso ante la Audiencia Nacional, que no tuvo más remedio que archivarla precisamente debido a que la directiva comunitaria 2024/ 1226 no había sido traspuesta a la legislación española, según un escrito del fiscal jefe, Jesús Alonso Cristóbal.

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