Solo el nombre del primer texto publicado da a entender el carácter escaparatista de la norma: Decreto Maricarmen. Y su contenido evidencia el efecto tirita para una herida social con un origen mucho más profundo: la escasez. La normativa busca paliar la urgencia de la precariedad en los alquileres, aunque está por ver si el efecto no será el contrario.

Sin entrar en detalles cuyo análisis no cabe en estas líneas, los decretos dividen el mundo inmobiliario en un juego de buenos y malos, un simplismo que puede desembocar en que algunos de esos supuestos malos, los propietarios y arrendadores, decidan no echar la partida. Es decir, que opten por no alquilar ante la inseguridad generada. El Gobierno esgrime que solo pretende castigar o limitar la avaricia de los fondos buitre, pero ese símil animal que todos entendemos es difícil de establecer como mecanismo jurídico y al final el resultado es un sistema que puede ser muy confuso.

Ya ocurre que las inmobiliarias hacen casting de aspirantes para arrendar viviendas, en los que se valoran sus ingresos, su situación familiar y hasta sus hábitos (se valora que les guste comer en la calle en lugar de cocinar). A partir del Decreto Maricarmen, si obtiene el aval parlamentario, los que se presenten a esos procesos de selección lo van a tener aún más difícil, porque ningún propietario se va a arriesgar a dejar las llaves de su casa a un inquilino sin antes asegurarse de que no se parece en nada al perfil de persona vulnerable. Además, esa ansiada estabilidad traerá menor rotación en un parque de viviendas muy escaso. Por tanto, el resultado es la protección del que ya está dentro de una casa y del que tiene medios para conseguirla, pero se lo pone más difícil al que no la tiene.