Acuciado por la presión que se ha desatado en la calle tras el desahucio de la anciana Maricarmen Abascal y por sus urgencias electorales, el Gobierno ha optado por el camino más fácil y ha mandado para su convalidación en el Congreso dos decretos improvisados, mal hechos y con un sesgo fuertemente intervencionista que pueden terminar de estrangular el mercado del alquiler en España. Pero más allá de las consideraciones técnicas y políticas que las medidas arbitradas por el Ejecutivo puedan suscitar, lo que ha puesto de relieve esta crisis es que en España, hoy por hoy, no existe un Gobierno digno de ese nombre. La escenificación del Consejo de Ministros del pasado martes entra de lleno en la categoría de lo grotesco. Dos ruedas de prensa por separado de los dos partidos que están coaligados, dos decretos para subrayar unas diferencias que son abiertamente irreconciliables y una ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que era incapaz de explicar lo aprobado porque, simplemente, lo ignoraba y reconocía el “cacao” en el que estaba sumida. Ante el problema que los españoles identifican como el más grave al que se enfrentan en su vida cotidiana, el Gobierno reacciona con caos y demagogia. Esta situación hace que sea imposible anticipar qué es lo que puede salir del pleno del Congreso de mañana, en el que los decretos gubernamentales se van a enfrentar a la mayoría de derechas que funciona en la cámara desde que los separatistas de Junts rompieron amarras con Pedro Sánchez. Lo que sí va a quedar evidenciado es que el Gobierno y su presidente son zombis que caminan hacia ningún sitio en una legislatura que debería haber acabado hace ya tiempo. Como era previsible, en un tema tan controvertido como el de la vivienda vuelve a fracasar porque ignora que es una cuestión que no se puede abordar de forma improvisada y efectista cuando en ocho años no se ha hecho nada para poner en marcha soluciones.