El Gobierno Nacional permitió la segunda etapa de privatización Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y abrió la licitación pública para transferir sus acciones en tres centrales termoeléctricas.

La medida, reglamentada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1107/2026, declara a ENARSA como empresa sujeta a privatización fijada por la Ley de Bases, en combinación con la Ley de Reforma del Estado y los Decretos Reglamentarios 695/2024 y 286/2025. Además contempla la venta de activos que abarca la venta total del paquete accionario en manos del Estado en tres importantes sociedades.

Se trata de la Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB S.A.), respecto de la cual se autorizó la venta del 65,01 % del capital social equivalente a 4.601.324 acciones; de la Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM S.A.), cuyo 68,83 % del capital social será puesto a la venta por el Estado que representan la suma de 4.871.709 acciones.

En caso de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB S.A.), el panorama es distinto, la licitación se ejecutará una vez concretada la liquidación del respectivo fideicomiso.

La gerente de la misma contará con 90 días para completar los actos, encontrándose fijado el plazo de extinción de dicho fideicomiso para el 30 de septiembre de 2026. La Secretaría de Energía deberá intervenir, a través de los órganos societarios de CTGB, dando por formalizada la incorporación de ENARSA como accionista de la sociedad.

El capital social restante de estas compañías continúa en poder de las empresas generadoras privadas que participan del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y que integraron originalmente el Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina (FONINVEMEM).

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El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación del proceso, en conjunto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que tendrá a su cargo la confección de los pliegos y la ejecución de los llamados públicos.

Asimismo, la normativa establece expresamente que el esquema licitatorio no contemplará un Programa de Propiedad Participada (PPP) ni otorgará preferencias.

Cabe destacar que los pliegos deberán respetar y resguardar los derechos de preferencia que posean los socios privados en los estatutos sociales de cada una de las tres compañías.