La jefa de sección de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación de Zamora, de iniciales M.P.G.V., acaba de ser condenada por la Audiencia Nacional por un delito de cohecho a un año de cárcel, a inhabilitación para cargo y oficio público, además de a una multa de 2.430 euros tras admitir que recibió dádivas para agilizar la tramitación de permisos de residencia y trabajo a ciudadanos chinos que empleaba la organización criminal dirigida por un conocido industrial de esa nacionalidad asentado en Madrid, Gao Ping.

La sentencia ha tardado 14 años en dictarse por un pacto con Fiscalía Anticorrupción tras la desarticulación de la trama internacional de “inmigración ilegal” de ciudadanos chinos el 16 octubre de 2012, el mismo día en el que la Policía Nacional, en el marco de la operación Emperador, arrestaba a la funcionaria zamorana en su domicilio e irrumpía en su despacho de la Oficina de Extranjería para registrar su ordenador e incautarse de documentación que finalmente le implicó en este caso.

Las escuchas telefónicas de la policía recogían conversaciones en las que los principales imputados en la causa se referían a la jefa de Sección de la Ofician de Extranjería de la Subdelegación de Zamora bajo el apodo de “La Vieja”, en concreto, la esposa del cabecilla de la red, de Gao Ping, la mencionaba expresamente para indicar que se le llegaron a pagar 17.000 euros por su trabajo. La entrega de relojes y bolsos de alta gama y valor económico elevado sí fue probada, no así el pago de estudios a su hija, otra de las afirmaciones de los imputados en esas conversaciones que fueron incorporadas a la causa judicial.

Sin embargo, la baja cuantía de la fianza que permitió a la funcionaria de Zamora quedar en libertad provisional con cargos tras permanecer dos días detenida en la Comisaría de Zamora, 7.000 euros y la multa de 2.430 euros como parte de la sentencia de la Audiencia Nacional del juez Fernando Andreu, corroboran que los regalos percibidos por la imputada que la policía logró documentar tenían un valor muy inferior al atribuido por los responsables de la red de migración ilegal, según ha podido saber este diario.

La empleada pública está imputada por “agilizar y facilitar en Extranjería los trámites de inmigración ilegal de trabajadores” del país oriental “para las empresas” del cabecilla de la trama a cambio de “dádivas y recompensas”, lo que supone un delito de cohecho activo, de acuerdo con el escrito de la acusación pública que recoge la sentencia. La organización se nutría de trabajadores gracias a la “influencia de funcionarios de la Administración española, gestorías y despachos de abogados”. Uno de los acusados de nacionalidad china, de iniciales L.W., sería quien mantenía los contactos con la responsable de la sección de Extranjería de la Subdelegación de Zamora, quien también ostentaba en ese periodo la Secretaría de la Ejecutiva de Zamora del sindicato UGT-FSP de Castilla y León.

La zamorana condenada en esta causa fue investigada por los delitos de prevaricación y cooperación con banda criminal y falsificación, si bien M.P.G.V. aseguró en octubre de 2012 ante el juez Andreu que su trabajo se limitó a tramitar con diligencia y sin ninguna irregularidad cualquiera de las solicitudes de residencia y trabajo de ciudadanos extracomunitarios que llegaron a su área de competencia, según adelantó entonces LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Uno de esos favores que se apunta en las diligencias consistió en "conseguir una tarjeta de residencia para la hermana de Gao Ping", según trascendió, "identificada como Chuhong Wu" pero que "estuvo viviendo en China durante un tiempo y, por tanto, no cumplía los requisitos de estancia mínima en territorio español para renovar la estancia legal".

Se trata de un muy buen acuerdo para M.P.G.V., una condena que llega tarde para tener una efectividad real, puesto que esta funcionaria del Estado está ya jubilada, por lo que la inhabilitación ya no le afecta, y porque la pena de prisión que finalmente se le ha impuesto se sustituye por la multa indicada.

La funcionaria se enfrentaba a 3 años de cárcel y 5 de inhabilitación, de acuerdo con la petición de pena solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, pero la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas de la causa judicial, 14 años de procedimiento, han permitido esa reducción de la condena.

El caso tuvo un gran impacto en la opinión pública de Zamora por el tipo de delitos que se le imputaban y por tratarse de una funcionaria del Estado, que llegó a su cargo de jefa de sección en el año 2000, donde permaneció hasta que la investigación iniciada en 2010 por la Policía Nacional desembocó en la desarticulación de la red internacional de tráfico de migrantes procedentes de China y metidos de forma ilegal en España.

La defensa de la zamorana, el abogado Tomás Cuadrado, fue uno de los 49 letrados llegados de todo el país que hizo literalmente cola para negociar los términos de un acuerdo con el fiscal anticorrupción Juan José Rosa, una de las 64 conformidades a las que el Ministerio Público llegó para establecer los términos de la condena de los investigados en una macrocausa que sigue viva, en la que están imputados otros 43 integrantes de la trama, entre ellos empresarios españoles de peso como Rafael Pallardó Calatrava, acusado de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, al aplicarle las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y reparación del daño.

La larga jornada de negociación se extendió desde las 16.00 horas hasta las 21.00 horas para que Juan José Roca pudiera entrevistarse personalmente con cada uno de los abogados llegados de toda España y concretar las condiciones del acuerdo judicial que la Audiencia Nacional ha aplicado directamente con sentencias el 13 de julio.

La audiencia preliminar tuvo lugar el 31 de mayo y los acuerdos alcanzados han sido muy criticados por la sustancial rebaja de penas de prisión a cambio de multas nada abultadas, según se manifestó tras hacerse públicos los acuerdos.

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