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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASALa portavoz de Unidas por Extremadura exige frenar la proliferación de macroplantas de biometano tras las protestas vecinales, mientras la presidenta defiende los proyectos y garantiza el cumplimiento estricto de la ley“Extremadura no puede ser el vertedero de nadie”: protesta contra la planta de biogás de Don Benito
El debate sobre la proliferación de plantas de biometano en el mundo rural extremeño ha desatado un tenso choque dialéctico en la Asamblea de Extremadura. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y la presidenta de la Junta, María Guardiola, han protagonizado un enfrentamiento en el que se han cruzado acusaciones sobre el modelo de desarrollo regional, la protección del medio ambiente y la llegada de inversiones privadas a la comunidad.
Irene de Miguel ha arrancado su intervención recordando las movilizaciones ciudadanas del pasado 7 de septiembre a las puertas del Teatro Romano de Mérida, donde plataformas vecinales, agricultores y ganaderos se manifestaron contra la instalación de estas industrias. Según la diputada de la formación morada, Extremadura corre el riesgo de convertirse en “el vertedero” donde se gestionen los desechos que rechazan otros territorios del país.
De Miguel ha criticado con dureza que la Junta de Extremadura esté poniendo “alfombra roja” a grandes empresas de fuera de la región facilitando autorizaciones ambientales en lugar de exigir Evaluaciones de Impacto Ambiental completas. Asimismo, ha advertido sobre las consecuencias que estas instalaciones conllevan para los pueblos: aumento del tráfico pesado de camiones, malos olores, contaminación de suelos y acuíferos, así como un impacto directo en la salud pública y en la agricultura y ganadería tradicionales.
“Convertir el medio rural en un polo industrial de tratamiento de desechos ahuyenta la población”, ha aseverado De Miguel, sosteniendo que la capacidad de las plantas proyectadas supera con creces los residuos que genera la propia región, lo que obligará a importar basura de otras zonas de España.
Guardiola: “Si un proyecto no cumple, no se autoriza”
Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado tajantemente las críticas y ha defendido que la transformación de residuos agroganaderos en biometano y biofertilizantes es una herramienta clave de la economía circular promovida y financiada por la Unión Europea.
Guardiola ha tildado el discurso de De Miguel de “populismo barato disfrazado de sensibilidad ambiental” y “ecologismo chavista”, reprochándole que critique cualquier inversión privada que busque generar riqueza en la región. “Si un proyecto no cumple la ley, no se autoriza. Todos los expedientes pasan por informes de impacto ambiental, controles urbanísticos y la normativa más exigente”, ha garantizado la jefa del Ejecutivo autonómico, subrayando que las decisiones dependen de los informes técnicos y no de pancartas.
El debate sobre la proliferación de plantas de biometano en el mundo rural extremeño ha desatado un tenso choque dialéctico en la Asamblea de Extremadura. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y la presidenta de la Junta, María Guardiola, han protagonizado un enfrentamiento en el que se han cruzado acusaciones sobre el modelo de desarrollo regional, la protección del medio ambiente y la llegada de inversiones privadas a la comunidad.
Irene de Miguel ha arrancado su intervención recordando las movilizaciones ciudadanas del pasado 7 de septiembre a las puertas del Teatro Romano de Mérida, donde plataformas vecinales, agricultores y ganaderos se manifestaron contra la instalación de estas industrias. Según la diputada de la formación morada, Extremadura corre el riesgo de convertirse en “el vertedero” donde se gestionen los desechos que rechazan otros territorios del país.
De Miguel ha criticado con dureza que la Junta de Extremadura esté poniendo “alfombra roja” a grandes empresas de fuera de la región facilitando autorizaciones ambientales en lugar de exigir Evaluaciones de Impacto Ambiental completas. Asimismo, ha advertido sobre las consecuencias que estas instalaciones conllevan para los pueblos: aumento del tráfico pesado de camiones, malos olores, contaminación de suelos y acuíferos, así como un impacto directo en la salud pública y en la agricultura y ganadería tradicionales.
“Convertir el medio rural en un polo industrial de tratamiento de desechos ahuyenta la población”, ha aseverado De Miguel, sosteniendo que la capacidad de las plantas proyectadas supera con creces los residuos que genera la propia región, lo que obligará a importar basura de otras zonas de España.
Guardiola: “Si un proyecto no cumple, no se autoriza”Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado tajantemente las críticas y ha defendido que la transformación de residuos agroganaderos en biometano y biofertilizantes es una herramienta clave de la economía circular promovida y financiada por la Unión Europea.
Guardiola ha tildado el discurso de De Miguel de “populismo barato disfrazado de sensibilidad ambiental” y “ecologismo chavista”, reprochándole que critique cualquier inversión privada que busque generar riqueza en la región. “Si un proyecto no cumple la ley, no se autoriza. Todos los expedientes pasan por informes de impacto ambiental, controles urbanísticos y la normativa más exigente”, ha garantizado la jefa del Ejecutivo autonómico, subrayando que las decisiones dependen de los informes técnicos y no de pancartas.