La Junta de Castilla y León defendió este viernes, 18 de septiembre, durante la Conferencia Sectorial de Educación, un cambio de enfoque en las políticas educativas planteadas por el Ministerio. El Gobierno autonómico rechazó el Plan Estratégico de Educación Inclusiva y votó en contra de la reforma de las ratios, al considerar que el primero afecta a la libertad de elección de las familias y que la modificación de las ratios se plantea sin el diálogo, la financiación y las garantías jurídicas necesarias para su aplicación.

La consejera de Educación, María Pardo, trasladó la posición de Castilla y León en los principales asuntos abordados durante la reunión: el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, la modificación de los reales decretos que regulan los requisitos mínimos de los centros y las ratios de alumnado y, finalmente, la distribución territorial de fondos destinados a diferentes programas educativos.

La Junta, según un comunicado de la Consejería de Educación recogido por Ical, rechazó el Plan Estratégico de Educación Inclusiva presentado por el Ministerio al considerar que plantea un modelo que puede restringir la libertad de las familias para elegir la modalidad de escolarización que mejor responda a las necesidades de sus hijos.

Pardo defiende que educación inclusiva y Educación Especial son compatibles y que la inclusión debe garantizar a cada alumno el entorno educativo, los profesionales y los apoyos que mejor respondan a sus necesidades, ya sea en un centro ordinario o en un centro de Educación Especial. En este sentido, la Junta considera imprescindible preservar la función de escolarización y atención directa de los centros de Educación Especial, además de su papel como centros de referencia y apoyo, especialmente para aquellos alumnos que requieren una atención altamente especializada.

Asimismo, la consejera puso sobre la mesa la necesidad de que cualquier transformación en materia de educación inclusiva garantice el papel esencial de los centros de Educación Especial y la libertad de elección de las familias, cuente con el adecuado soporte económico por parte de la Administración del Estado y respete plenamente las competencias de las comunidades autónomas y el ordenamiento jurídico.

Pardo votó en contra y rechaza la reforma de las ratios planteada por el Ministerio, al considerar que una modificación de esta magnitud se ha presentado sin el diálogo previo necesario con las comunidades autónomas, que son las administraciones que deberán organizar los centros, incrementar las plantillas y asumir buena parte del coste de su aplicación.

En este sentido, considera especialmente preocupante que el Ministerio establezca nuevas obligaciones para las comunidades autónomas sin acompañarlas de la financiación necesaria. Solo en el primer ciclo de Educación Infantil, la aplicación de las ratios planteadas supondría para Castilla y León casi triplicar los recursos financieros necesarios.

Por ello, reclamó conocer la memoria económica de la reforma y cómo prevé el Ministerio financiar unas medidas que requerirán incrementar las plantillas y adecuar espacios educativos. La Comunidad considera que una reforma con este impacto económico no puede plantearse sin establecer previamente los recursos necesarios para hacerla efectiva.

A ello se suman las objeciones jurídicas formuladas por la Consejería, ya que parte del desarrollo reglamentario propuesto se sustenta en modificaciones legislativas que todavía no están en vigor. Castilla y León ha solicitado, por este motivo, aplazar su tramitación hasta que exista el marco legal que debe darle cobertura.

La Conferencia Sectorial abordó también la distribución territorial de fondos correspondientes a diferentes programas de cooperación.

En el ámbito de la Formación Profesional, el Programa de Cooperación Territorial de Impulso y Calidad de la FP cuenta con 31,3 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus.

De acuerdo con la propuesta trasladada, a Castilla y León le corresponden 1,3 millones de euros en las líneas ya cuantificadas: 796.766 euros para Campeonatos Skills, 108.383 euros para movilidad de alumnado y personas en formación y 400.000 euros para proyectos de Formación Profesional. A estas cantidades deberá añadirse la correspondiente a formación y estancias formativas, que no figuraba todavía determinada en la documentación analizada.