De todos los indicadores que se publican, el que mejor refleja la marcha de la economía para el común de los ciudadanos es el de la evolución de los precios, porque es el que más les afecta en la vida cotidiana y el que determina el poder adquisitivo de sus ingresos. De nada sirve presumir de una buena marcha del Producto Interior Bruto o del dinamismo del mercado de trabajo si, al final, llenar el depósito de combustible del coche o el carrito semanal del supermercado se convierte en una misión imposible. Es lo que está pasando en España. El Gobierno presume, con razón, de que el crecimiento de la economía es el mayor de la Unión Europea y de que hay una mejora sostenida de las estadísticas de empleo. Pero esos datos conviven con una inflación desbocada que castiga la economía de una población que tiene que hacer frente a una escalada de precios que deteriora su nivel de vida. El dato publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística, de una subida del 4,3% interanual, es el más alto que se registra desde 2023 y tiene su origen en los incrementos desorbitados de los precios de los carburantes debido al conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, que se eterniza sin que se vislumbre un final próximo, a pesar de las permanentes proclamas del presidente Donald Trump sobre una resolución cercana. El precio de los carburantes incide de forma directa en toda la cadena de suministros y, de forma particular, en el coste final de los alimentos. El incremento del IPC y los problemas de acceso a la vivienda, cuyos costes están disparados desde hace años, se están traduciendo en un empobrecimiento real de las clases medias. Esta es una realidad que está condicionando el comportamiento social y político de capas amplias de la población, que ven cómo el Gobierno, sumido en una parálisis política, permite que se deteriore la economía de las personas, que es la realmente importante.