Marruecos ha sido siempre para España un vecino conflictivo con el que resulta difícil no entrar periódicamente en conflictos diplomáticos de mayor o menor envergadura. A pesar de ello, los gobiernos de ambos países y las familias reinantes de ambas monarquías han realizado esfuerzos notables para mantener un nivel suficiente de interlocución y conservar engrasados los mecanismos de colaboración imprescindibles para que los intereses económicos y políticos no se vean excesivamente afectados. También para garantizar una situación de estabilidad en una zona tan sensible desde el punto de vista económico y militar como el Estrecho de Gibraltar, observado con atención por las grandes potencias. En este contexto se han producido episodios de tanta tensión como la Marcha Verde de 1975 o la ocupación del islote de Perejil en 2002, que rozaron el enfrentamiento bélico, pero que, sin embargo, pudieron ser reconducidos. El asalto de casi ochenta mil personas a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio supone un episodio que obliga a reconsiderar el modelo de relación que España mantiene con el país magrebí. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado a lo largo de la crisis de una vulneración de la integridad territorial y de la necesidad de replantear las bases de la cooperación, aunque su principal empeño ha sido no elevar el tono para no tensar aún más las relaciones con las autoridades de Rabat. Es indudable que un hecho tan grave como la invasión de julio no se produjo sin la participación activa o pasiva de las autoridades marroquíes y que, a lo largo de los casi dos meses que ya dura la crisis, no se ha apreciado por parte de Marruecos una actitud que contribuya a su solución, sino más bien todo lo contrario. Esta situación obligará a este Gobierno y, sin duda, también al próximo a replantearse las relaciones sobre nuevas bases. España tiene que dejar claro a su vecino que existen límites que no pueden rebasarse.