25/09/2026 a las 00:10h.

El Tribunal Superior del País Vasco ha revocado la sentencia que obligaba a Osakidetza a indemnizar con 221.000 euros a los familiares de un hombre que falleció en el Hospital de Basurto en noviembre de 2017 tras someterle a una punción para el drenaje de un derrame pleural. La resolución, en todo caso, establece que el Servicio Vasco de Salud deberá abonar a los allegados del varón 42.000 euros, más intereses desde la fecha de la reclamación, por la «falta de consentimiento informado», ya que al paciente no se le comunicó la prueba que se le iba a realizar.

Los hechos se remontan a septiembre de 2017, cuando el afectado, que padecía fibrilación auricular y presentaba «riesgo elevado de sufrir hemorragias» al encontrarse bajo tratamiento anticoagulante, ingresó con signos de derrame pleural derecho. Los facultativos, para drenar el líquido, le practicaron una toracocentesis, una punción. Durante el proceso, se perforó una bulla subpleural -un saco de aire grande- que le causó un neumotórax que derivó en una parada cardiorrespiratoria, un fallo multiorgánico y otra serie de complicaciones que concluyeron con su fallecimiento unas semanas después.

En la primera sentencia de instancia, el juzgado asumió el informe pericial de los demandantes, que apreciaba un «incumplimiento de los estándares mínimos de atención y error médico». El experto que firmaba el documento sostenía que se había realizado una «triple punción torácica a ciegas y sin la obtención de líquido» en la que se perforó la bulla, «lo que provocó el neumotórax». Este perito consideró «imprudente» que los facultativos de Basurto no se ayudaran durante el transcurso del procedimiento de «técnicas de imagen», como por ejemplo la «ecografía torácica».

Desde Osakidetza se alegó que se habían realizado pruebas de imagen con anterioridad, y que la resolución judicial reconstruía el riesgo médico a posteriori. En ese sentido, en el escrito puntualizaban que el fallo judicial «presume de bullas no conocidas en el momento de la punción y utiliza ese hallazgo posterior como base para afirmar retroactivamente la existencia de un riesgo previsible».

El TSJPV acepta la apelación del Servicio Vasco de Salud, que plantea indemnizar a la familia con los citados 42.000 euros. La Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que «no consta en la bibliografía médica de 2017 un protocolo que recomendase hacer una ecografía a tiempo real» y recalca que «no pueden aplicarse retrospectivamente protocolos o guías posteriores a momentos en el que el estado de la ciencia era otro distinto».