A lo largo de la última década, la Unión Europea (UE) ha adoptado hasta 101 leyes relacionadas con la digitalización, según un recuento reciente de la asociación para la privacidad IAPP. Este volumen ilustra la ambición del bloque comunitario por regular el amplio abanico de oportunidades y riesgos planteados por Internet, desde las redes sociales a la inteligencia artificial, pasando por el comercio electrónico o los videojuegos.

Sin embargo, que existan normas no significa que siempre se apliquen en su totalidad ni de la misma manera en los 27 Estados miembros. Esa falta de efectividad, fruto de la fragmentación entre países, no ha pasado inadvertida en Bruselas. "Hay que unificar este mercado único de 450 millones de usuarios que es Europa porque solo así tendremos fuerza frente a los gigantes tecnológicos", explica a EL PERIÓDICO la eurodiputada socialdemócrata Laura Ballarín (PSC) en relación con la recién anunciada ley que limitará el acceso a las redes sociales de los menores de edad.

"Hay que unificar este mercado único de 450 millones de usuarios que es Europa porque solo así tendremos fuerza frente a los gigantes tecnológicos"

Laura Ballarín

— Eurodiputada del PSC

Consciente de los perjuicios causados por ese déficit en la aplicación y cumplimiento de la ley, este jueves, el Parlamento Europeo ha aprobado con 395 votos a favor, 136 en contra y 80 abstenciones un nuevo informe que pide crear un "marco integrado" que armonice las medidas nacionales, una aplicación "coordinada y coherente" de normativas existentes como la Ley de Servicios Digitales y el Reglamento de Inteligencia Artificial o la recién propuesta norma para limitar el acceso de los menores a las redes sociales.

"Que se aplique una prohibición en solo un Estado miembro tiene muy poco sentido a nivel europeo porque queremos que las redes sociales entiendan que tienen que cambiar su propia estructura y que ya no aceptaremos la que tienen ahora", explica a este diario la eurodiputada Diana Riba (ERC), que ha participado en la elaboración del informe.

La propuesta, que un pide refuerzo de la cooperación entre los gobiernos nacionales y la Comisión Europea, va en línea con el conocido como informe Draghi. Sin embargo, dos años después de su presentación, la UE solo ha aplicado un 16% de las ambiciosas propuestas del economista italiano para fomentar la competitividad, según un análisis del Banco de España.

El nuevo estudio de la Eurocámara, bautizado como "Impacto de las redes sociales y el entorno digital en los jóvenes", subraya la "necesidad" de que se "aumenten los recursos humanos y financieros destinados a los coordinadores de servicios digitales", las autoridades encargadas de aplicar la ley, para que puedan hacerlo "con eficacia".

El documento, encomendado en mayo del año pasado al socialdemócrata italiano Sandro Ruotolo, remarca que la verificación de la edad propuesta para limitar el acceso de los menores a las pantallas "no es una solución infalible" que "deba contemplarse de forma aislada" y "lamenta" que mecanismos desplegados por las plataformas en línea como la autodeclaración —que permite al usuario indicar que tiene más de 18 años sin comprobación de que eso sea cierto— "puedan eludirse fácilmente".

Por eso, les exige adoptar configuraciones privadas por defecto, prohibir mecánicas adictivas como el scroll infinito u ofrecer herramientas de denuncia rápida para los usuarios que sean víctimas de ciberacoso.

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El informe aprobado este jueves también toca otros aspectos cada vez más relevantes del mundo digital y pide a las autoridades de la UE vetar los deepfakes, limitar los chatbots de IA generativa que son usados como compañeros emocionales, elaborar un código de conducta para evitar malas prácticas de los llamados influencers o impedir que los videojuegos incluyan cajas de recompensas que, como los juegos de azar, inducen comportamientos compulsivos. "El mundo digital necesita normas", advirtió Ruotolo en una rueda de prensa celebrada el martes en Estrasburgo.

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