El día que iba a entrar en vigor la sentencia que ordenó a Donald Trump detener las obras del salón de baile en la Casa Blanca, el Tribunal Supremo ha dado más tiempo a la Administración, que podrá continuar con su proyecto estrella hasta alcanzar un fallo definitivo. El presidente de la máxima instancia judicial, John Roberts, ha suspendido la orden de un tribunal inferior y próximamente emitirá una sentencia tras estudiar el último recurso del Departamento de Justicia.

La Casa Blanca basa su defensa del macroproyecto, cifrado en más de 400 millones de dólares, en dos argumentos de peso. El primero es que ya se ha llevado a cabo una parte importante de la construcción, para la que se demolió sin consentimiento el ala este del edificio y se han acelerado las obras, especialmente en las últimas semanas, en las que según la administración hay 250 trabajadores repartiéndose turnos durante 20 horas al día y siete días a la semana. 

El objetivo es claro: completar la mayor cantidad de trabajo lo antes posible para hacer inevitable su finalización. Según el escrito presentado ante un tribunal, el salón de baile ya está construido al 60%, aunque la construcción sobre el terreno muestra un estado más inicial.

El segundo argumento es que el salón de baile responde a la seguridad nacional de EE.UU. y, en concreto, a la protección de un presidente que ha sufrido tres intentos de asesinato en los últimos dos años. Cuando esté finalizado, Trump planea organizar allí eventos como la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que el pasado mes de abril fue interrumpida en el Hotel Hilton de Washington cuando un hombre armado irrumpió contra la barrera de seguridad del Servicio Secreto.

Para esgrimir este argumento, Trump interpreta que el salón de baile y el búnker militar que se está construyendo en el subsuelo son una misma construcción. Sin embargo, lo cierto es que la justicia tan solo ha ordenado parar las obras del salón de baile, no del espacio de seguridad reforzada.

El búnker, conocido oficialmente como Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, fue construido durante la Segunda Guerra Mundial debajo del ala este. El proyecto del presidente consiste en agrandar el espacio y hacerlo más profundo, así como en reforzar su seguridad y equipamiento militar. El objetivo declarado es hacer el complejo tan resistente como para soportar una explosión nuclear.

El director de Gestión y Administración de la Casa Blanca, Joshua Fisher, argumentó ante el tribunal que ya se había construido una superestructura de hormigón y acero que se extiende cinco pisos bajo tierra. Aseguró que ya se ha colocado el 80% de las barras de refuerzo del proyecto y se ha vertido el hormigón, y esta semana tenía previsto instalar unas 500 toneladas de barras de refuerzo y verter otros 2.300 metros cúbicos de hormigón.

“Dado el avance actual, la superestructura ha superado el punto de no retorno”, escribió Fisher ante el tribunal, añadiendo que, aunque el Supremo ordene derribarlo, “no habría forma de hacerlo”. El martes, los conservacionistas que denunciaron el proyecto, National Trust for Historic Preservation, advirtieron a los magistrados que la Casa Blanca quiere “adelantarse a la revisión judicial” con esta construcción acelerada e “ilegal”.

La justicia bloqueó el proyecto argumentando que Trump se había excedido en sus competencias y había invadido las del Congreso, órgano al que no consultó ni pidió autorización, a pesar de que es el encargado de aprobar transformaciones de calado como esta. Otros cambios en la Casa Blanca, como la pavimentación de la antigua rosaleda, la instalación de decoración dorada, de dos enormes mástiles con banderas gigantes o de un “salón de la fama presidencial”, son considerados menores y han generado menos denuncia social. Pero Trump demolió de un día para el otro el ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile parecido al que tiene en su club de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).

En concreto, la Administración ha violado, según los denunciantes, varias leyes federales que establecen que el Congreso debe aprobar el proyecto. Una de ellas es bastante explícita al respecto: “No se erigirá ningún edificio o estructura en ninguna reserva, parque o terreno público del Gobierno federal en el Distrito de Columbia sin la autorización expresa del Congreso”.

Tras permitir la continuidad temporal del proyecto, Supremo debe pronunciarse en los próximos días y decidir si da la razón a los tribunales inferiores, incluido el de apelaciones, que ordenaron suspender la obra.