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Hay palabras que no deberían reservarse solo para los grandes escándalos morales. También describen ciertas decisiones económicas. Obscenidad es una de ellas.

Este diario publicaba hace unas semanas un titular en su primera página difícil de olvidar: “El Estado invirtió más del doble en Madrid que en Catalunya en el 2025”. Y el subtítulo añadía un dato todavía más revelador: la comunidad catalana recibió el 8,6% del total estatal, la mitad de su peso en el PIB. No hablamos de percepciones, agravios, ni discursos políticos. Hablamos de números, presupuestos, inversiones en infraestructuras, de la competitividad de las empresas, la movilidad de los ciudadanos y la capacidad para seguir creciendo.

Catalunya representa alrededor de una quinta parte de la riqueza de este país. Es un gran motor industrial, exportador e innovador. Con todo, a la hora de repartir la inversión pública, ese peso desaparece. Año tras año, gobierno tras gobierno. Cambian las mayorías, los ministros y las promesas, pero la postal es la misma.

El problema no es solo la cifra de un ejercicio, sino la continuidad de esa desigualdad. Una excepción puede explicarse, pero una repetición durante décadas acaba convirtiéndose en un modelo. Y al ser un modelo que castiga sistemáticamente a uno de los territorios que más contribuyen a la prosperidad colectiva, deja de ser una anomalía para convertirse en injusticia.

Madrid merece todas las inversiones que necesite. Pero es difícil justificar que esa condición se traduzca de forma permanente en una concentración de recursos que desborda cualquier criterio de equilibrio territorial o proporcionalidad económica. La consecuencia no es abstracta, tenemos redes ferroviarias saturadas, infraestructuras pendientes desde hace­ años, carreteras insuficientes, corredores logísticos ralentizados y oportunidades perdidas para empresas que compiten en mercados globales.

No pierde solo Catalunya. También España, porque uno de sus principales motores económicos no crece. La Generalitat ha de cambiar de política, de una vez por todas. No con la confrontación estéril ni el victimismo permanente, sino con inteligencia política y firmeza negociadora.

La igualdad entre territorios exige solidaridad. Pero la solidaridad nunca puede confundirse con una penalización estructural. Cuando quien más aporta recibe sistemáticamente menos de lo que le corresponde en inversión, la cohesión deja de fortalecerse y empieza a resquebrajarse. Hay desequilibrios que admiten debate. Y otros que solo admiten un calificativo.