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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASALa reforma turística, en fase de información pública, suprime la prohibición de ubicar estos establecimientos a menos de 500 metros de este tipo de actividades. UCARAGÓN ha presentado alegaciones al considerar que elimina el único criterio objetivo y aumenta la discrecionalidad de la Administración
Dos de los principales destinos turísticos del Pirineo cargan contra Azcón por vetar las zonas tensionadas: “Nos abandona”
El Gobierno de Aragón quiere eliminar la distancia mínima de 500 metros que actualmente impide instalar alojamientos turísticos al aire libre y alojamientos turísticos singulares junto a actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. La medida forma parte de la modificación del Decreto 35/2023, actualmente en fase de información pública, y la Unión de Consumidores de Aragón (UCARAGÓN) ha presentado alegaciones al considerar que este cambio “reduce la seguridad jurídica” y “deja un mayor margen de discrecionalidad a la Administración”.
La organización sostiene que el principal problema no es únicamente la desaparición de esa distancia mínima, sino que la nueva regulación “no incorpora ningún parámetro alternativo que permita garantizar decisiones homogéneas, transparentes y previsibles”. A su juicio, la reforma elimina “el único criterio objetivo que actualmente permite determinar de forma clara la compatibilidad” entre los alojamientos turísticos y las actividades que pueden generar molestias o riesgos para las personas usuarias.
La memoria que acompaña al proyecto justifica la modificación porque la distancia mínima vigente está dificultando la implantación de determinados proyectos turísticos considerados estratégicos. Sin embargo, UCARAGÓN replica que esa afirmación “carece de una motivación suficiente”, ya que en la documentación sometida a información pública “no figuran estudios técnicos, informes de impacto, análisis estadísticos, expedientes afectados ni evaluaciones comparativas” que acrediten la necesidad real de la medida.
La asociación considera que la consecuencia más preocupante de la reforma es que “sustituye una regla objetiva por decisiones administrativas basadas en valoraciones individuales sin criterios previamente definidos”. En su opinión, esa situación “podría provocar que situaciones similares recibieran respuestas distintas según el órgano competente, el territorio o la interpretación aplicada en cada expediente”, lo que afectaría tanto a consumidores como a empresarios, que perderían capacidad para conocer de antemano cuáles son los requisitos efectivos para implantar un establecimiento turístico.
Frente a la supresión de la distancia mínima, UCARAGÓN plantea que, si el Gobierno de Aragón considera desproporcionado mantener un límite uniforme de 500 metros, lo sustituya por criterios técnicos verificables. Entre ellos propone fijar niveles máximos de ruido, emisiones contaminantes, generación de olores, intensidad del tráfico asociado, riesgos para la salud y la seguridad u otros indicadores ambientales medibles. A su juicio, este modelo permitiría adaptar las decisiones a las características de cada proyecto “sin generar incertidumbre ni riesgos de arbitrariedad”.
Además de pedir que se mantenga la distancia mínima prevista en la normativa vigente o que se sustituya por parámetros objetivos, la organización reclama reforzar la participación de las asociaciones de consumidores durante la tramitación del decreto. También asegura que no fue consultada durante la elaboración del proyecto y afirma que tampoco le consta que lo fuera el Consejo de Consumidores de Aragón, por lo que solicita al Ejecutivo autonómico que haga públicas las entidades que participaron en ese proceso, las observaciones presentadas y la forma en que estas fueron tenidas en cuenta en la redacción del texto.
La asociación concluye que “la Administración no puede sustituir una garantía objetiva por decisiones discrecionales sin explicar cómo se tomarán esas decisiones” y sostiene que eliminar reglas claras “sin aportar criterios alternativos supone aumentar la incertidumbre y reducir la protección tanto de los consumidores como de los propios empresarios turísticos”. El proyecto de modificación del Decreto 35/2023 fue sometido a información pública mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 8 de julio, abriéndose un plazo de un mes para la presentación de alegaciones.
El Gobierno de Aragón quiere eliminar la distancia mínima de 500 metros que actualmente impide instalar alojamientos turísticos al aire libre y alojamientos turísticos singulares junto a actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. La medida forma parte de la modificación del Decreto 35/2023, actualmente en fase de información pública, y la Unión de Consumidores de Aragón (UCARAGÓN) ha presentado alegaciones al considerar que este cambio “reduce la seguridad jurídica” y “deja un mayor margen de discrecionalidad a la Administración”.
La organización sostiene que el principal problema no es únicamente la desaparición de esa distancia mínima, sino que la nueva regulación “no incorpora ningún parámetro alternativo que permita garantizar decisiones homogéneas, transparentes y previsibles”. A su juicio, la reforma elimina “el único criterio objetivo que actualmente permite determinar de forma clara la compatibilidad” entre los alojamientos turísticos y las actividades que pueden generar molestias o riesgos para las personas usuarias.
La memoria que acompaña al proyecto justifica la modificación porque la distancia mínima vigente está dificultando la implantación de determinados proyectos turísticos considerados estratégicos. Sin embargo, UCARAGÓN replica que esa afirmación “carece de una motivación suficiente”, ya que en la documentación sometida a información pública “no figuran estudios técnicos, informes de impacto, análisis estadísticos, expedientes afectados ni evaluaciones comparativas” que acrediten la necesidad real de la medida.
La asociación considera que la consecuencia más preocupante de la reforma es que “sustituye una regla objetiva por decisiones administrativas basadas en valoraciones individuales sin criterios previamente definidos”. En su opinión, esa situación “podría provocar que situaciones similares recibieran respuestas distintas según el órgano competente, el territorio o la interpretación aplicada en cada expediente”, lo que afectaría tanto a consumidores como a empresarios, que perderían capacidad para conocer de antemano cuáles son los requisitos efectivos para implantar un establecimiento turístico.
Frente a la supresión de la distancia mínima, UCARAGÓN plantea que, si el Gobierno de Aragón considera desproporcionado mantener un límite uniforme de 500 metros, lo sustituya por criterios técnicos verificables. Entre ellos propone fijar niveles máximos de ruido, emisiones contaminantes, generación de olores, intensidad del tráfico asociado, riesgos para la salud y la seguridad u otros indicadores ambientales medibles. A su juicio, este modelo permitiría adaptar las decisiones a las características de cada proyecto “sin generar incertidumbre ni riesgos de arbitrariedad”.
Además de pedir que se mantenga la distancia mínima prevista en la normativa vigente o que se sustituya por parámetros objetivos, la organización reclama reforzar la participación de las asociaciones de consumidores durante la tramitación del decreto. También asegura que no fue consultada durante la elaboración del proyecto y afirma que tampoco le consta que lo fuera el Consejo de Consumidores de Aragón, por lo que solicita al Ejecutivo autonómico que haga públicas las entidades que participaron en ese proceso, las observaciones presentadas y la forma en que estas fueron tenidas en cuenta en la redacción del texto.
La asociación concluye que “la Administración no puede sustituir una garantía objetiva por decisiones discrecionales sin explicar cómo se tomarán esas decisiones” y sostiene que eliminar reglas claras “sin aportar criterios alternativos supone aumentar la incertidumbre y reducir la protección tanto de los consumidores como de los propios empresarios turísticos”. El proyecto de modificación del Decreto 35/2023 fue sometido a información pública mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 8 de julio, abriéndose un plazo de un mes para la presentación de alegaciones.