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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl Servicio de Defensa de la Competencia ha acordado iniciar un procedimiento sancionador contra la concesionaria del complejo. El PSOE ha exigido a la alcaldesa responsabilidades El tanatorio municipal como negocio: una concesión del PP en Zaragoza triplica el precio de los funerales en Torrero
El Gobierno de Aragón ha abierto un procedimiento sancionador contra Mémora por un posible abuso de posición dominante en la gestión del complejo funerario de Torrero, después de que el Servicio de Defensa de la Competencia haya apreciado indicios de posibles actuaciones abusivas por parte de la concesionaria. La apertura del expediente se produce después de meses de críticas de funerarias pequeñas y medianas de Zaragoza al nuevo modelo de gestión del Tanatorio de Torrero. Un total de 27 empresas del sector denunciaron a principios de año el encarecimiento de los servicios, las restricciones de acceso a determinadas instalaciones y las dificultades que, a su juicio, la nueva gestión estaba generando para su actividad.
Desde el Gobierno de Aragón aclaran que el expediente está en fase inicial y consideran prematuro hablar de una posible sanción, ya que todavía no se ha acreditado ninguna infracción. El procedimiento deberá determinar si las actuaciones investigadas constituyen finalmente un abuso de posición dominante.
Según ha señalado el PSOE de Zaragoza tras conocerse la apertura del expediente, entre las prácticas que estarían bajo la lupa de Competencia figuran la prohibición de entrada a funerarias externas, la compra obligatoria de determinados productos y los incrementos de tarifas. Los socialistas han recordado las subidas denunciadas por el sector, entre ellas la de la sala velatorio estándar, que pasó de unos 488 a 878 euros, y la de la sala de despedida, que aumentó más de un 190%.
Mémora gestiona el complejo funerario de Torrero después de que el Ayuntamiento de Zaragoza le adjudicara una concesión demanial por un periodo de 30 años. El contrato contempla inversiones por 7,7 millones de euros y la ampliación de las instalaciones con cuatro nuevos hornos crematorios, cuatro velatorios y una sala de despedida. La concesionaria abonó además un canon anticipado de 6,5 millones de euros y debe aportar al Ayuntamiento un canon anual equivalente al 10% de sus ingresos netos por la explotación del tanatorio.
El nuevo modelo fue cuestionado a principios de año por las funerarias zaragozanas, que denunciaron fuertes incrementos en algunos servicios y restricciones para desarrollar su actividad dentro del complejo. Las empresas sostuvieron que estos incrementos repercutían directamente en las familias y reclamaron poder utilizar las instalaciones como representantes de sus clientes.
El PSOE reclama responsabilidades al Ayuntamiento
El PSOE de Zaragoza ha reclamado explicaciones al Gobierno de Natalia Chueca tras conocerse el inicio del procedimiento. La concejal socialista Ros Cihuelo ha asegurado que la decisión de la DGA confirma que las advertencias realizadas por su formación sobre el modelo de Torrero “no eran exageradas”.
Los socialistas han señalado que el Ayuntamiento no puede desvincularse de la situación porque fue el Gobierno de Chueca el que decidió adjudicar durante 30 años la gestión del complejo funerario. “Si esa decisión está generando problemas de competencia, encarecimiento de servicios y dificultades para que otras funerarias puedan trabajar, el Gobierno del PP tiene que intervenir y defender el interés general”, ha señalado Cihuelo.
La formación ha reclamado además al Ayuntamiento que colabore con el expediente y facilite la información necesaria para esclarecer los hechos, así como que explique qué controles ha realizado desde el inicio de la concesión y qué conocimiento tenía de las condiciones aplicadas a las funerarias externas.
El Gobierno de Aragón ha abierto un procedimiento sancionador contra Mémora por un posible abuso de posición dominante en la gestión del complejo funerario de Torrero, después de que el Servicio de Defensa de la Competencia haya apreciado indicios de posibles actuaciones abusivas por parte de la concesionaria. La apertura del expediente se produce después de meses de críticas de funerarias pequeñas y medianas de Zaragoza al nuevo modelo de gestión del Tanatorio de Torrero. Un total de 27 empresas del sector denunciaron a principios de año el encarecimiento de los servicios, las restricciones de acceso a determinadas instalaciones y las dificultades que, a su juicio, la nueva gestión estaba generando para su actividad.
Desde el Gobierno de Aragón aclaran que el expediente está en fase inicial y consideran prematuro hablar de una posible sanción, ya que todavía no se ha acreditado ninguna infracción. El procedimiento deberá determinar si las actuaciones investigadas constituyen finalmente un abuso de posición dominante.
Según ha señalado el PSOE de Zaragoza tras conocerse la apertura del expediente, entre las prácticas que estarían bajo la lupa de Competencia figuran la prohibición de entrada a funerarias externas, la compra obligatoria de determinados productos y los incrementos de tarifas. Los socialistas han recordado las subidas denunciadas por el sector, entre ellas la de la sala velatorio estándar, que pasó de unos 488 a 878 euros, y la de la sala de despedida, que aumentó más de un 190%.
Mémora gestiona el complejo funerario de Torrero después de que el Ayuntamiento de Zaragoza le adjudicara una concesión demanial por un periodo de 30 años. El contrato contempla inversiones por 7,7 millones de euros y la ampliación de las instalaciones con cuatro nuevos hornos crematorios, cuatro velatorios y una sala de despedida. La concesionaria abonó además un canon anticipado de 6,5 millones de euros y debe aportar al Ayuntamiento un canon anual equivalente al 10% de sus ingresos netos por la explotación del tanatorio.
El nuevo modelo fue cuestionado a principios de año por las funerarias zaragozanas, que denunciaron fuertes incrementos en algunos servicios y restricciones para desarrollar su actividad dentro del complejo. Las empresas sostuvieron que estos incrementos repercutían directamente en las familias y reclamaron poder utilizar las instalaciones como representantes de sus clientes.
El PSOE reclama responsabilidades al AyuntamientoEl PSOE de Zaragoza ha reclamado explicaciones al Gobierno de Natalia Chueca tras conocerse el inicio del procedimiento. La concejal socialista Ros Cihuelo ha asegurado que la decisión de la DGA confirma que las advertencias realizadas por su formación sobre el modelo de Torrero “no eran exageradas”.
Los socialistas han señalado que el Ayuntamiento no puede desvincularse de la situación porque fue el Gobierno de Chueca el que decidió adjudicar durante 30 años la gestión del complejo funerario. “Si esa decisión está generando problemas de competencia, encarecimiento de servicios y dificultades para que otras funerarias puedan trabajar, el Gobierno del PP tiene que intervenir y defender el interés general”, ha señalado Cihuelo.
La formación ha reclamado además al Ayuntamiento que colabore con el expediente y facilite la información necesaria para esclarecer los hechos, así como que explique qué controles ha realizado desde el inicio de la concesión y qué conocimiento tenía de las condiciones aplicadas a las funerarias externas.