Recurrir una iniciativa electoral es, ante todo, una oportunidad para poner en duda la credibilidad del adversario político. Keystone / Anthony Anex

Apenas el Gobierno publicó su posición política respecto a la iniciativa 'Por una alimentación segura', que se votará el próximo 27 de septiembre, les llegó una reclamación. Es un patrón cada vez más habitual.

A finales de septiembre, la ciudadanía suiza votará sobre la iniciativa ‘Por una alimentación segura’. El texto exige que la agricultura oriente más su producción hacia los alimentos de origen vegetal. Apenas dos días después de que la Confederación (a través del Ejecutivo) publicara la información oficial sobre la votación, el comité de la iniciativa ya anunció que presentaría una reclamación.

El motivo: a su juicio, el Consejo Federal (Gobierno) informa de manera engañosa sobre la propuesta. La Cancillería Federal, por su parte, rechaza estas acusaciones. El caso, como otros anteriores, muestra que las reclamaciones sobre iniciativas que llegan a las urnas se han convertido en una herramienta política cada vez más utilizada.

Es algo habitual durante las campañas electorales: quienes se oponen a una propuesta y quienes la apoyan manejan previsiones diferentes. Por ejemplo, sobre sus posibles consecuencias económicas. A menudo, la propia Confederación elabora también sus propias estimaciones.

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Democracia suiza

Cómo funciona la democracia directa en Suiza

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Y precisamente ahí es donde comienzan las reclamaciones, explica Isabelle Stadelmann, politóloga de la Universidad de Berna. «Especialmente en el caso de grandes proyectos de reforma, decidir qué previsión es más fiable es una cuestión política, en última instancia. Y esas diferencias ofrecen un buen argumento para presentar un recurso».

No existe una estadística sobre este tipo de reclamaciones. Sin embargo, según la Cancillería Federal, el número de recursos presentados ante el Tribunal Federal tiende a aumentar.

Stadelmann considera que estos recursos se han convertido en una herramienta política: «Desde un punto de vista estratégico, no está nada mal poder poner en duda la credibilidad de la otra parte antes incluso de que comience el debate propiamente dicho».

El Tribunal Federal solo puede intervenir a posteriori

Quienes presentan una reclamación esperan en parte influir en la campaña mediante recursos tempranos. Sin embargo, esa no es la finalidad de este procedimiento, señala Andreas Glaser, especialista en Derecho constitucional y administrativo de la Universidad de Zúrich.

«No está permitido presentar directamente una reclamación contra las explicaciones del Consejo Federal sobre una votación. No se puede recurrir contra ellas por la vía judicial».

Por tanto, la ciudadanía no puede utilizar los tribunales para influir en lo que la Confederación escribe sobre cada cuestión que llega a las urnas. Sin embargo, el Tribunal Federal puede invalidar posteriormente una votación si considera que el Consejo Federal informó de manera incorrecta. Eso solo ha ocurrido una vez: tras la votación de 2016 sobre la eliminación de la denominada «penalización del matrimonio».

El debate crítico, parte de la democracia

En principio, el Consejo Federal goza de un amplio margen de libertad a la hora de informar a la población antes de una votación. Aun así, señala Andreas Glaser, existe un mecanismo de control: el debate público. «El Parlamento y los medios de comunicación examinan con atención la información que proporciona el Gobierno», explica.

La ciudadanía también debate la información proporcionada, aunque no pueda recurrir a la vía judicial. «El amplio debate crítico hace que el Consejo Federal no pueda limitarse a afirmar lo que quiera», concluye el especialista en Derecho constitucional.

Los debates críticos sobre los datos y argumentos incluidos en el folleto informativo de las votaciones son, por tanto, una parte importante de la democracia.

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Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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