Cuando hace diez años Reino Unido consumó el error histórico del Brexit, Gibraltar se opuso todo lo que pudo: sin éxito. El apoyo al remain fue masivo en el Peñón, pero los gibraltareños se quedaron en una situación de precariedad extrema.

La UE y la Comisión Europea dejaron claro desde ese momento que el Reino de España tenía derecho de veto en cualquier posible acuerdo. En 2016 gobernaba el PP y el poder Ejecutivo lo tenía claro: había que pactar para hacer posible la convivencia y el tránsito, pero debía hacerse avanzando en la cuestión de Gibraltar: mediante un pacto de cosoberanía. La pifia del Brexit daba una carta ganadora a España.

Dos años después, la moción de censura que desalojó a Rajoy trajo un cambio de postura española: retorno a la doctrina Moratinos: pactar dejando la soberanía al margen. El ministro Albares la ha llevado al extremo de malbaratar toda la ventaja que tenía la nación para avanzar en el contencioso. No se me entienda mal: estoy profundamente a favor de los efectos prácticos, incluso de la desaparición de la Verja, pero no a cambio de prácticamente nada.

Creo que el Campo de Gibraltar, donde viví más de un decenio justo hasta el referéndum del Brexit, merecía este cambio tan profundo. Pero el Gobierno actual de España ha mirado la cuestión con gafas de cerca –algo necesario pero insuficiente–, porque renunció a la visión panorámica y sacrificó con ello el interés general del país. Ambas cosas eran compatibles. Un acuerdo que ofreciese lo mismo para toda la comarca pero con un largo periodo de cosoberanía en el territorio cedido en Utrecht era la salida correcta para avanzar en la descolonización que propugna la ONU y el camino para convencer a los gibraltareños de que podían ser españoles sin dejar de ser británicos.

El Gobierno de Pedro Sánchez se lo ha dado sin renuncia alguna, apenas controles en el puerto y el aeropuerto. Incluso aunque esta solución mejore la convivencia y la confianza, algo esencial, ya no necesitan a España y el anacronismo de Gibraltar se perpetuará.