En realidad no sólo el estío está siendo infausto: todo el curso político que culmina la semana próxima lo ha sido. Desde septiembre, corrupción y debilidad parlamentaria son dos tenazas que aprietan sin piedad. Pero Pedro Sánchez prefiere resistir. A toda costa: incluyendo que el PSOE quede arrasado como opción de Gobierno para los españoles. Su interés personal está por encima de todo.

Tras las condenas firmes a un fiscal general del Estado en ejercicio y a un ex ministro, los casos que aún acechan al Gobierno afectan ya al ejercicio mismo del poder ejecutivo. La investigación sobre la cloaca del PSOE, que analiza supuestos intentos de obstrucción de la justicia y de hostigamiento a jueces, fiscales y periodistas en las causas que afectan a Sánchez, y las pesquisas sobre la SEPI y las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero pueden acabar implicando al propio Gabinete y a su presidente. Ahí radica el mayor temor: por ello la resistencia a ultranza y la utilización de La Moncloa como parapeto, a través del control de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Aunque es cierto que tampoco eso ha evitado que el sistema funcione y su propio hermano haya sido condenado en primera instancia por tráfico de influencias o que su mujer vaya a ser juzgada por un jurado popular por el mismo delito.

Toda esta legislatura inviable tiene ese objetivo: protegerse del reproche penal. La piedra angular de la misma es una infamia: impunidad a cambio de siete votos para ser investido. El hecho de que la justicia europea haya resuelto las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional a su favor no oculta que ha sido un acto de corrupción. La sentencia del TJUE se limita a lo formal y obvia lo factual: no ha actuado como hizo con Hungría o Polonia porque no ve riesgo sistémico, aunque la Comisión Europea hubiese advertido de que ha habido una autoamnistía. Un peligroso precedente que avala la compra política de la impunidad. Pero ni esa alegría disipa la negrura en la que vive el Gobierno: y España.