¿Acabó dinero suizo financiando las devoluciones en caliente en las fronteras de la UE? Irek Dorozanski / Reuters

Un informe externo no ha encontrado pruebas de que fondos suizos hayan financiado devoluciones en caliente ilegales en las fronteras de la Unión Europea (UE).

Cuando personas refugiadas buscan protección en las fronteras exteriores de la Unión Europea, con frecuencia se vulnera su derecho a acceder a un procedimiento de asilo justo.

Uno de los casos más graves son las llamadas «devoluciones en caliente» (pushbacks), en las que migrantes son expulsados de forma violenta en la frontera sin que se examine su solicitud de protección. Esta práctica vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Suiza también aporta fondos para la protección de las fronteras exteriores de la UE. Por encargo del Gobierno federal, un grupo de expertos independientes ha analizado ahora si parte de ese dinero pudo haberse utilizado para cometer presuntas violaciones de los derechos humanos.

El informe no establece una relación directa entre los fondos aportados por Suiza y las vulneraciones de derechos humanos.

Sin embargo, tampoco puede descartarla. Suiza ha contribuido con más de 300 millones de francos a distintos fondos europeos con los que se han financiado vehículos, drones y cámaras térmicas, también en países donde se han documentado devoluciones en caliente, como Croacia, Grecia y Polonia.

Difícil demostrar las vulneraciones

El informe responde a una petición del grupo parlamentario del Partido Socialista. Los partidos de izquierda habían denunciado duramente las presuntas violaciones de los derechos humanos en las fronteras exteriores de la UE.

Para Lionel Walter, portavoz de la Organización Suiza de Ayuda a las Personas Refugiadas, no sorprende que el informe no haya podido demostrar un vínculo directo entre los fondos suizos y las devoluciones en caliente. A su juicio, se debe tanto al funcionamiento del sistema como a la falta de datos: la información disponible no permite atribuir de forma inequívoca las vulneraciones documentadas a una financiación concreta.

Para ello sería necesario investigar cada caso sobre el terreno. Por eso, sostiene la organización, Suiza debería asumir mejor su responsabilidad. «Suiza debería promover la creación de mecanismos independientes de supervisión y control en relación con estos fondos», afirma Lionel Walter.

La supervisión independiente, objeto de debate

El informe también recomienda establecer un sistema de supervisión independiente. En su valoración, el Consejo Federal (Gobierno) afirma que trabajará para reforzar los mecanismos de control y supervisión.

Sin embargo, para el consejero nacional Pascal Schmid, responsable de los asuntos de migración y asilo del partido UDC (derecha conservadora), una supervisión independiente no resolvería el problema. «Ni siquiera con un aparato costoso y burocrático se podrá controlar qué ocurre con estos millones procedentes de los impuestos de los contribuyentes suizos», afirma.

En su opinión, ese dinero debería invertirse en Suiza en lugar de enviarse a Bruselas, donde, asegura, resulta imposible controlar el uso que finalmente se hace de esos fondos y cómo los emplea cada Estado.

Aunque Suiza también recibe financiación de ese fondo, la UDC preferiría dejar de realizar aportaciones. Los partidos de izquierda, por su parte, siguen denunciando prácticas contrarias a los derechos humanos, como las devoluciones en caliente. Por ello, la contribución suiza a la protección de las fronteras exteriores de la UE continúa siendo un asunto políticamente controvertido.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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