La suspensión de la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 29 de julio deja en el aire la transferencia de 150 millones a las CC.AA. para el Programa María Goyri

Madrid, 31 de julio de 2026. Desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) queremos expresar nuestra gran preocupación por la incertidumbre innecesariamente generada en torno a la implantación del Programa María Goyri. Esta iniciativa es de especial relevancia para el Sistema Universitario Español, porque permitiría incorporar unas 5.600 plazas de profesorado ayudante doctor a las universidades públicas españolas, de las cuales, 3.400 serían financiadas por el Gobierno y el resto, más de 2.200 plazas, por las Comunidades Autónomas. Tras la suspensión de la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 29 de julio, queda en el aire la transferencia de 149,6 millones de euros en 2026 a las Comunidades para financiar los salarios de estas plazas.

El Programa María Goyri es una iniciativa pionera que permite establecer una estrategia a medio plazo y abordar cuestiones esenciales para el sistema universitario español, como son el relevo generacional y la captación de talento. Asimismo, refuerza la cooperación entre las diferentes administraciones públicas. Además, es un elemento clave para poder avanzar en el mandato de la suficiencia financiera establecido por la LOSU, que exige destinar al sistema universitario público, como mínimo, el 1% del PIB en 2030.

Los convenios marco del Programa María Goyri fueron aprobados por el Gobierno y por las Comunidades Autónomas, así como por el Consejo de Ministros, que autorizó la transferencia de 149,6 millones de euros al año, a las Comunidades para financiar los salarios de estas plazas. Sin embargo, dicha transferencia ha quedado en el aire, tras suspenderse la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 29 de julio. A esa sesión, en la que estaba previsto cerrar el reparto de la financiación para 2026, no se presentaron once Comunidades Autónomas, lo que impidió ratificar la medida con el quórum necesario.

Las consecuencias de dicha acción política tienen un impacto muy negativo en las universidades españolas. No solo se pone en riesgo la financiación de los salarios de una parte de los docentes contratados con el programa María Goyri, sino que se compromete la estabilidad de una institución clave para el conjunto del país. El Sistema Universitario Español es uno de los principales motores de desarrollo económico y social de nuestro país.

El cumplimiento íntegro de los acuerdos consensuados por las administraciones es el pilar fundamental sobre el que se sostienen tanto la lealtad institucional como la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas. Por todo ello, instamos al Gobierno de España y a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas a buscar soluciones urgentes para proceder a la transferencia inmediata de los 149,6 millones de euros. El Sistema Universitario Español, motor del progreso del Estado, requiere altura de miras y políticas estables a medio y largo plazo.